El exsenador y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Carlos Mateo Balmelli, rechazó la propuesta de políticos que integran el Frente Guasu (FG), el Partido Democrático Progresista (PDP) y un sector de su nucleación en plantear elevar los impuestos durante la crisis sanitaria del COVID-19.
“No tiene sentido subir impuestos en esta situación. Si queremos darle más recursos al sector público, primero mejoremos la calidad del gasto. Nosotros no debemos tocar las reglas de juego en esta coyuntura”, indicó.
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Varios legisladores pertenecientes a distintos partidos, incluso economistas, ya sentaron su posición de rechazo y plantearon en su mayoría salir de la crisis sanitaria, asegurar el mecanismo de asistencia para la ciudadanía más vulnerable, administrar mejor lo recaudado, disminuir la evasión así como la informalidad, sosteniendo que mayores impuestos colaborarán al establecimiento del citado conflicto, incluso varias empresas se verán en la condición de cerrar sus puertas.
Propuesta impulsada por el FG
Desde el Frente Guasu (FG) se está preparando un paquete de medidas para aumentar los impuestos a los sectores “más privilegiados”, hecho que generaría un aumento en las recaudaciones de más de US$ 500 millones para el país.
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Senado rechaza proyecto de ley de transporte escolar
La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que modificaba el artículo 3° de la Ley n.° 7264/2024, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Hambre Cero), con el objetivo de permitir el uso de recursos del Fonacide para la adquisición de buses destinados al transporte escolar.
Tras el rechazo, la propuesta volvió a la Cámara de Diputados, donde previamente ya había sido aprobada. Durante el tratamiento en el pleno, el senador Basilio “Bachi” Núñez explicó que su posición por el rechazo no es una oposición al proyecto en sí, sino a la necesidad de debatir más ampliamente sobre una reforma del sistema de transporte público.
“Estoy convencido de que los 45 senadores queremos una mejor educación, un plato de comida para nuestros niños, escuelas de primer nivel y un transporte público óptimo. Pero esto no fue bien digerido”, manifestó Núñez, al tiempo de anunciar que el próximo martes se dará inicio al debate en torno a la reforma del transporte público.
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El legislador también mencionó como una alternativa que las municipalidades y gobernaciones podrían asumir la responsabilidad de llevar adelante licitaciones para que buses operen como transporte escolar, tal como algunas ya lo hacen con el traslado de estudiantes universitarios.
El proyecto rechazado proponía destinar parte de los recursos del Fonacide, tradicionalmente utilizados para infraestructura educativa, es decir, construcción, reparación y mantenimiento de escuelas, y destinar parte de esos recursos para solventar la compra de vehículos que sirvan como transporte para alumnos de zonas con dificultades de acceso.
El rechazo del proyecto se dio pese a que contaba con el dictamen positivo de parte de varias comisiones como de Legislación, Hacienda, Familia; Niñez y Adolescencia, y Educación.
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Corte rechazó hábeas corpus de esposa de Marset y ratifica que es tratada de forma humana
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazó un hábeas corpus genérico presentado por Gianina García Troche, pareja del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien sigue prófugo.
La defensa de García Troche sostuvo en su escrito que la mujer es tratada de manera inhumana, que le afecta de manera psíquica y psicológica, siendo desatendidos sus pedidos a consultas médicas, sin tiempo de relacionamiento de convivencia con sus hijos y acceso a parientes, que afectan el interés superior del niño y su derecho de comunicarse libremente.
Los ministros de la Corte mencionan en el fallo judicial que “Gianina García Troche no se encuentra en condiciones inhumanas, puesto que la misma se halla recluida en un penal en el que cuenta con pabellón individual, baño privado, termocalefón, instalaciones higiénicas y salubres, alimentación balanceada, silla y mesa de celda, mueble para sus ropas, sillón reposera (proveído por los padres de la procesada, y que fuera autorizada por la Jueza Penal de Garantías)”.
Asimismo la corte menciona que García Troche cuenta con una conservadora proporcionada por el penal, por lo que se concluye que no se dan los presupuestos requeridos para la procedencia del Habeas Corpus Genérico”, dice la máxima instancia judicial para rechazar el hábeas corpus.
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La Procuraduría General de la República evitó el pago multimillonario en juicio por indemnización
La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones en concepto de indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada. Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolución judicial.
En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % mensual de intereses sobre tal monto, suma que alcanzaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del demandante, lo que habría representado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabilidad civil extracontractual. En su sentencia, la Corte señaló que no se acreditaron ni la existencia de un daño jurídicamente comprobado, ni el vínculo causal directo entre la actuación de los funcionarios y los perjuicios alegados, ni un factor de atribución válido.
El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con claridad los cuatro elementos esenciales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar una pretensión indemnizatoria, especialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías jurisdiccionales.
Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República en asegurar una representación jurídica eficiente, que permita resguardar los intereses del Estado ante reclamos infundados.
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Canadá elimina impuesto a empresas tecnológicas de EE. UU.
Canadá anunció que rescindirá los impuestos a empresas tecnológicas estadounidenses en busca de alcanzar un acuerdo comercial con Washington, y el reinicio de las negociaciones rotas dos días antes por el presidente estadounidense, Donald Trump. El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, anunció en un comunicado que “Canadá rescindirá el Impuesto a los Servicios Digitales (DST, por su sigla en inglés) en previsión de un acuerdo comercial integral mutuamente beneficioso con Estados Unidos”.
Añadió que Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, “acordaron que las partes reanudarán las negociaciones con miras a alcanzar un acuerdo antes del 21 de julio”. El presidente republicano había justificado el cese de negociaciones con Canadá por la entrada en vigor de dichos impuestos, el 30 de junio, destinados a los gigantes de la tecnología como Google, Apple, Meta, Amazon o Microsoft, que proveen toda suerte de servicios digitales.
Las empresas tecnológicas habrían sido “obligadas a realizar un pago multimillonario en Canadá”, señaló recientemente Computer & Communications Industry Association. La distensión entre Canadá y Estados Unidos llega dos días después de la ruptura cuando Trump acusó un “golpe directo y evidente” hacia su país por dicho impuesto.
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El impuesto eliminado era del 3 % sobre los ingresos de la publicidad en línea, las plataformas de venta, las redes sociales o por la venta de datos personales.
“Retirar el gravamen sobre los servicios digitales hará avanzar las discusiones y apoyará nuestros esfuerzos para crear empleos y construir prosperidad”, dijo el ministro Champagne en la red X.
La Casa Blanca no reaccionó de inmediato al anuncio.
Canadá, un importante socio comercial de Estados Unidos, conforma junto con México el tratado de libre comercio de América del Norte, T-MEC.
El país fue exento de algunos de los aranceles generales que Trump impuso a otros países, pero está bajo un régimen arancelario separado. Es el mayor proveedor extranjero de aluminio y acero para Estados Unidos, materias primas afectadas por otras medidas aduaneras del gobierno estadounidense.
Fuente: AFP.