El diputado liberal Édgar Acosta manifestó que en caso de detectarse hechos de irregularidad en torno a la utilización de los recursos destinados al Poder Ejecutivo, para hacer frente a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, remitirán inmediatamente los antecedentes al Ministerio Público.
“Esta comisión tiene que dar sus frutos por la poca credibilidad que tiene la clase política y siempre se menciona que las comisiones se crean, pero no para dar los resultados deseados. Si durante nuestro trabajo, ya nos damos cuenta que tenemos que remitir algún antecedente sobre situaciones irregulares a la Fiscalía, lo tenemos que hacer”, sostuvo.
Acosta señaló también que “es inaceptable que un préstamo destinado para salvar vidas tenga que ser realmente mal utilizado”, sostuvo tras instalarse en el Congreso la Comisión Bicameral.
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Colaboración ciudadana
Por otra parte, instó también a la ciudadanía a colaborar con la comisión, razón por la cual propuso la creación de un correo institucional el cual guardará la identidad de las personas en el caso de que cuenten con una información sobre el manejo irregular de los recursos destinados al Poder Ejecutivo para hacer frente a la enfermedad.
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Titular del IPS cree innecesaria declaración de emergencia para hacer frente a la crisis
El presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes, que cumple dos meses en el cargo, considera que el proyecto de ley que busca declarar estado de emergencia no resolverá la crisis en el ente previsional. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el Senado postergó por un mes el estudio en plenaria.
“Nos va a ayudar mucho a nosotros para acortar los procesos, pero no nos va a solucionar el problema. Voy a dar un ejemplo: te dan una ametralladora como para fulminar todo, pero no te dan la bala”, señaló este sábado a la 650 AM. El médico ratificó que el problema del IPS no es solo administrativo, sino también financiero, al detallar seguidamente los compromisos pendientes de pago por la adquisición de medicamentos en administraciones anteriores.
“Disponemos de 44.000 millones de guaraníes para comprar medicamentos por mes. Pero se necesitan 150.000 millones. Sin embargo, se está pagando 176.000 millones de guaraníes en deudas de administraciones anteriores”, refirió. El doctor Isaías también habló de otro inconveniente que afronta el instituto en cuanto a sus recursos humanos. Afirmó que tanto los médicos como las enfermeras reciben una paga que no está acorde con su formación académica, aunque también reconoció que el IPS no está en condiciones económicas de “honrar el sacrificio” de su personal.
“Este es el ejemplo de la desidia institucional, de lo mal que está la institución. No puede una enfermera estar ganando 2.800.000 guaraníes. No puede un médico hemodinamista que tiene 16 años de estudios, ganar 4.500.000 guaraníes”, lamentó Fretes, y manifestó que los profesionales de la salud “están pasando una situación calamitosa e indigna”, pero “el IPS no está en condiciones de honrar el sacrificio de ellos”.
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Bachi Núñez sentó postura sobre implementación del registro biométrico
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, ocupó su banca durante la sesión para sentar postura ante la insistencia de la oposición que impulsa la implementación del registro biométrico en las elecciones, alegando que evitaría el fraude. Sobre el punto, el legislador colorado afirmó que los perdedores solo buscan excusas para desprestigiar el sistema electoral paraguayo e ironizó diciendo que solo falta que pidan la prueba de ADN a los electores.
“Viene del mismo sector que planteó como una solución el desbloqueo, porque ellos lo único que quieren es ver al Partido Colorado en la llanura. No pudieron con los votos, no pudieron con presión mediática, no pudieron con ANR nunca más. Ahora ellos atacan a los militantes que defienden al Partido”, fustigó.
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Qué viene después
Mencionó que por iniciativa del bloque opositor se aprobó la ley del desbloqueo de listas y las máquinas de votación. “Con esas máquinas de votación supuestamente con la mayoría que tienen en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y con la mayoría que tienen en las mesas, y después nos quieren denunciar por hechos de cargas de votos”, subrayó.
Tras hacer esta exposición, el congresista se preguntó: qué viene después y fue ahí donde aludió al proyecto de ley de datos biométricos. “Le aprobamos los datos biométricos, estoy seguro que de aquí a cinco años van a pedir estudios de ADN de todos los que votan”, ironizó.
Pidió a sus pares “pensar bien” sobre lo que está planteando ahora la oposición. “Esa alerta nomás como Partido Colorado. No nos van a hacer correr con el ANR nunca más, no nos hicieron correr con las urnas, con el desbloqueo y menos con los datos biométricos”, significó.
El proyecto de ley que implementa el registro biométrico de electores mediante la toma de huellas dactilares se presentó en agosto del 2024 pero no cuenta con dictamen de comisiones y nunca fue incorporado en el orden del día para su estudio en plenaria del Senado.
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Impulsan volver al cambio de horario por el impacto en estudiantes y trabajadores
La discusión sobre el horario oficial del país volvió a instalarse en el Congreso, esta vez con un fuerte componente social. En la Cámara de Diputados se planteó tratar en un plazo de 15 días un proyecto de ley que busca dejar sin efecto el horario único vigente y restablecer el sistema de dos cambios anuales, con horario de verano e invierno.
La propuesta surge en medio de cuestionamientos de diversos sectores ante una realidad que se hace especialmente visible durante los meses más fríos del año: miles de estudiantes y trabajadores deben iniciar sus actividades antes del amanecer.
Actualmente, durante el invierno el sol aparece cerca de las 7:40. Esto obliga a numerosos niños, adolescentes y trabajadores a trasladarse en plena oscuridad y bajo temperaturas bajas, una situación que, según los impulsores del proyecto, afecta principalmente a quienes viven en zonas rurales o periféricas.
En estos sectores, donde el alumbrado público suele ser escaso y las opciones de transporte son limitadas, el trayecto hacia escuelas, colegios y lugares de trabajo representa un desafío adicional. La preocupación no se limita a la comodidad, sino también a la seguridad de quienes deben recorrer largas distancias a pie o esperar medios de transporte antes de la salida del sol.
La iniciativa propone fijar el horario de verano en UTC-3, adelantando los relojes el primer domingo de octubre, y retornar al horario de invierno UTC-4 el cuarto domingo de marzo.
El debate también llegó al Senado, donde se presentó un proyecto de características similares. Entre los argumentos expuestos se menciona que, independientemente del huso horario adoptado, durante el invierno la duración de la luz solar es inferior a 11 horas, por lo que la discusión se centra en cómo distribuir mejor esas horas de claridad dentro de la rutina diaria de la población.
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También se cuestionan algunas de las medidas alternativas planteadas para enfrentar el problema, como retrasar el ingreso a clases hasta las 8:00. Según sostienen, esa posibilidad resultaría difícil de aplicar en instituciones educativas con doble o triple turno, ya que obligaría a extender las actividades hasta altas horas de la noche.
A ello se suma el impacto que tendría sobre miles de familias cuyos horarios laborales comienzan a las 7:00. Para muchos padres, modificar el horario escolar implicaría reorganizar completamente la logística cotidiana de traslado y cuidado de los hijos.
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Reforma constitucional: Brasil avanza en reducir la edad penal a 16 años
El Congreso de Brasil avanzó este miércoles en una reforma constitucional para reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, una medida rechazada por el gobierno del presidente Lula pero defendida por su rival en las elecciones, el derechista Flávio Bolsonaro.
La propuesta fue aprobada en comisión por 44 votos contra 18, pero aún deberá superar varias instancias del parlamento, de mayoría conservadora.
La medida vuelve al centro del debate a cuatro meses de los comicios de octubre, con la inseguridad entre las principales preocupaciones del electorado. Según un sondeo del instituto Real Time Big Data de mayo, la iniciativa cuenta con el respaldo de 90 % de los brasileños.
“Se acabó la tolerancia con el bandido que usa la edad cronológica para cometer crímenes bárbaros”, dijo recientemente en redes sociales Flávio Bolsonaro.
El senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, promete endurecer la lucha contra el crimen si gana los comicios.
Actualmente, jóvenes de entre 16 y 18 años que cometen crímenes graves, como homicidio o violación, pueden ser internados hasta tres años en un régimen especial de menores.
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El Ministerio de Derechos Humanos del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva calificó la iniciativa de “ineficaz para enfrentar la violencia” y señaló que contraviene estándares internacionales.
En el Congreso, los defensores de la medida argumentan que la impunidad alienta la participación de adolescentes en el crimen.
“Millones de brasileños no aceptan que alguien que puede votar viole y cometa crímenes bárbaros”, dijo el diputado bolsonarista Domingos Sávio.
La congresista izquierdista Talíria Petrone, aliada del gobierno, lo rebatió: “Ofrece una solución falsa” al miedo ante la violencia.
Petrone señaló que la reincidencia en el sistema penitenciario ronda el 50 %, mientras que en el sistema socioeducativo de menores no llega al 14 %.
Para el penalista Acácio Miranda, la reforma “sería inconstitucional” por la llamada “cláusula pétrea, el núcleo de la Constitución, que no puede ser modificado”, dijo a la AFP.
Flávio Bolsonaro aplaudió la decisión reciente de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, las dos mayores facciones criminales del país.
Lula, que busca la reelección y encabeza de varios puntos las últimas encuestas, criticó esa iniciativa.
- Fuente: AFP
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