Sao Paulo. Brasil. AFP.- El estado brasileño de São Paulo prolongó por dos semanas sus medidas de cuarentena pero prevé que, aun con esas restriciones, registrará unas 111.000 muertes por el nuevo coronavirus en los próximos seis meses, según un balance presentado este lunes.
El estado, epicentro del coronavirus en Brasil, totaliza 4.620 casos y 275 muertes por la COVID-19.
El escenario con restricciones de circulación prevé 1.300 óbitos hasta el 13 de abril, en tanto que de no aplicarse ninguna medida este número se elevaria a casi 5.000, y el semestral, a 270.000, dijo el director del estatal Instituto Butantan, Dimas Covas, en rueda de prensa.
A su lado, el gobernador del estado, Joao Doria, prorrogó por otras dos semanas la cuarentena que entró en vigencia el 24 de marzo. Con la medida, continuarán funcionando solamente los comercios considerados esenciales, como supermercados y farmacias, entre otros.
Doria dijo que la orientación para los alcaldes de los 645 municipios del estado es que "cumplan su obligación para no permitir el funcionamiento del comercio, excepto lo esencial".
São Paulo, la capital del estado, reconoció que aumentó la circulación de personas en los últimos días, pero descartó, por ahora, adoptar medidas más rígidas para restringir los desplazamientos de los ciudadanos.
"Si continuamos viendo a la gente en las calles y reuniéndose de forma innecesaria, complementaremos el decreto con otras medidas [restrictivas], y lo anunciaremos de forma gradual", dijo Doria.
El gobernador también aclaró que los cuerpos de seguridad del estado están autorizados a dispersar aglomeraciones. La primera medida, dijo, debe ser de orientación, y la segunda coercitiva.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Bolsonaro encabezó protesta de “lápices labiales” en São Paulo
- Sao Paulo, Brasil. AFP.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro encabezó este domingo una manifestación en Sao Paulo, la primera desde que la corte suprema decidiera enjuiciarlo acusado de liderar un complot para dar un golpe de Estado. El líder de extrema derecha fue la cabeza visible de una manifestación para pedir una amnistía a los condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023, poco después de que Bolsonaro terminara su mandato. El propio exmandatario (2019-2022) enfrentará un juicio por una supuesta trama golpista tras las elecciones de octubre de 2022.
Según la fiscalía, Bolsonaro buscó el respaldo de las fuerzas armadas para impedir la asunción de su sucesor en la presidencia, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, que podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si fuera hallado culpable, se declara inocente y dice ser un “perseguido”. “La presencia del pueblo en la Paulista será un termómetro para la amnistía”, dijo esta semana a la radio local AuriVerde Brasil, afín al bolsonarismo.
Dos horas antes del inicio del acto, los manifestantes se congregaban sobre la Paulista, casi todos vestidos con camisetas de la selección de fútbol de Brasil, apropiada como símbolo por el bolsonarismo. El exmandatario reclama que el Congreso apruebe una amnistía para los condenados por la invasión y destrucción de las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, pocos días después de la asunción de Lula. Bolsonaro se encontraba en ese momento en Estados Unidos.
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Con lápiz labial
Este domingo varios manifestantes llevaron a la marcha lapices labiales, un nuevo emblema del bolsonarismo alusivo a Débora Rodrigues, una mujer que estuvo en prisión preventiva durante dos años por participar en la asonada del 8 de enero y pintar con un labial una estatua frente al Supremo Tribunal Federal.
Bolsonaro afirma que Rodrigues, conocida como “Débora del labial” y ahora en detención domiciliaria, es víctima de una “injusticia”, como muchos otros procesados por los hechos del 8 enero. “Usar esa arma te condena 14 años”, ironizaban varios manifestantes en sus carteles con labiales.
“Estoy aquí para pedir por compatriotas que fueron injustamente presos. Quiero un Brasil mejor para mi hija, sin gobiernos que roben. Bolsonaro no robó y por eso lo persiguen”, dijo a la AFP Derlaine Costa, una empleada doméstica de 43 años que asistió a la marcha con su hija de 12.
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La corte suprema condenó a más de 500 personas por esa asonada, la mayoría por delitos graves como intento de golpe de Estado. La leyenda “Amnistía ya” acompañaba fotos de los condenados por los hechos de enero de 2023. “¡No hubo golpe!”, entonaba el público al ritmo de una banda de percusión. Hasta ahora, el bolsonarismo no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para concretar una amnistía.
La manifestación en Sao Paulo, la ciudad más rica y poblada de Brasil, servirá para medir la fuerza política de Bolsonaro, quien está inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema electoral. Pese a su inhabilitación, Bolsonaro, de 70 años, insiste en que quiere ser candidato en las presidenciales de 2026.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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