El ministro del Interior, Enrique Riera, considera que seguir la ruta del dinero es actualmente uno de los mayores desafíos y principal frente de batalla del Estado paraguayo ante el crimen organizado. Señaló que esta lucha no representa únicamente una amenaza vinculada al narcotráfico y la violencia, sino también al funcionamiento de las instituciones.

En una entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro señaló que el lavado de dinero y la capacidad de estas estructuras de infiltrarse en instituciones, así como comprar voluntades, o financiar campañas, son la mayor amenaza para la democracia.

Riera hizo esta puntualización al hacer una balance de los tres años de gestión gubernativa en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; señalando que para combatir este problema, el Estado también se tuvo que “organizar” y unir fuerzas para enfrentarles con todo el peso de la ley.

“Creo que el tema más complicado es seguir la ruta del dinero, que es lavada mediante empresas pseudo legales donde hay abogados, escribanos, funcionarios corruptos, periodistas, jueces, fiscales que sumados al uso de kriptomonedas hacen este trabajo muy complicado”, expresó.

Añadió que cuando el dinero del crimen organizado no se encuentra, los criminales lo utilizan para permear el sector público y privado comprando jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, militares, periodistas y demás. “Eso les permite financiar campañas y así los electos, responden al “sponsor” y no a los electores protegiéndolos del alcance la la ley. Es hoy por hoy la mayor amenaza de nuestra democracia", remarcó.

Ante esta situación, destacó la suma del poder público (fuerzas militares y la Policía Nacional), con tropas combinadas en los grandes operaciones en perfecta coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. También destacó la colaboración de los aliados internacionales en los diferentes mecanismos de cooperación (comando bipartito, tripartito, Interpol, Coaliciones y todos los países del mundo), intercambiando inteligencia, tecnología y estrategia conjunta.

El ministro Riera destacó, finalmente, la implementación del Plan Sumar como una estrategia integral frente al microtráfico, que combina la acción de la fuerza pública, el tratamiento de las adicciones desde Salud Pública y la prevención entre los jóvenes desde Educación. Señaló que la segunda etapa apunta a llevar estas acciones directamente a los barrios.

Indicó que esta lucha particularmente contra el microtráfico se está abordando a nivel nacional, trabajando de forma coordinada en el marco de la política de Estado, repartiendo tareas en los problemas de aplicación de la ley mediante toda la fuerza pública coordinada entendido como un tema de Seguridad (la oferta) y el tratamiento de los adictos (la demanda).

“Mediante el Ministerio de Salud Pública, se aborda este tema como un problema de Sanidad Pública con especialistas en adicciones y, finalmente, la prevención para los más jóvenes mediante acciones concretas lideradas por el Ministerio de Educación. Esta es una política de estado. Y los resultados son muy esperanzadores porque en esta segunda etapa estamos bajando a los barrios con el Plan Sumar en Tu Barrio 2.0″, concluyó.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

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El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.

Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.

El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.

No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.

Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.

Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.

Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.

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Culminó la declaración del gerente de la firma Ombú SA, Gilberto Enciso.

En el juicio oral que se le sigue al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, el día de ayer terminó la declaración de Gilberto Enciso, gerente de la firma Ombú SA, propiedad del pre­sunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola. El testigo volvió a revelar datos relevan­tes que sostienen la tesis del Ministerio Público.

Enciso ratificó ante el Tribu­nal de Sentencia —integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete— que su patrón, Marcus Vini­cius, era quien tenía los con­tactos en el Ministerio del Interior. Asimismo, confirmó que la firma del pagaré simbó­lico para el uso de la camioneta pertenece a Arnaldo Giuzzio. Explicó también al colegiado que el vehículo prestado a Giuzzio fue entregado en el centro de Ciudad del Este, momento en el que se realizó la firma del documento simbó­lico, el cual hasta el momento no ha sido abonado por el exmi­nistro.

Además, el testigo sostuvo que habló vía telefó­nica con Giuzzio para coordi­nar la entrega del rodado, de modo que el entonces minis­tro pudiera trasladarse a Bra­sil de vacaciones. La audiencia oral proseguirá el próximo 28 de julio a las 8:00 de la mañana con la declaración de Adolfo D’Ecclesiis, vendedor de la firma Ombú SA.

El gerente de Ombú SA, al ini­cio de su declaración ante los jueces de sentencia, fue tajante al mencionar que Marcus Viní­cius y el entonces ministro del Interior conversaron en varias oportunidades sobre licitacio­nes para el Estado. Sostuvo que la empresa Ombú pre­tendía ser proveedora de cha­lecos antibalas y encargarse de la reparación de vehículos blindados. Añadió que “Mar­cus Vinícius era quien tenía el contacto en el Ministerio del Interior, y sus enlaces eran el ministro Giuzzio y el vice­ministro de Seguridad, Pablo René Ríos”.

En el presente juicio ya prestó declaración el supuesto narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua dio las explicacio­nes requeridas de cómo se inició el contacto con el acu­sado Giuzzio. Relató que “(conoció a Giuzzio) a través del señor Moacir. Ellos tenían una camioneta que necesitaba de un mantenimiento, era una camioneta que utilizaba el ministro y después pasó a ser usada por la jefa de la Senad”, indicó durante la testifical.

Dos oficinas especializadas para la atención a víctimas de violencia intrafamiliar fueron habilitadas este viernes por el Ministerio del Interior en los distritos de Mbuyapey y Tebicuarymí, en el departamento de Paraguarí, en el marco de una iniciativa desarrollada con el apoyo de Plan International Paraguay

Durante la jornada fueron inaugurados además espacios comunitarios destinados a actividades de capacitación y encuentro para niñas, niños y jóvenes, con la participación de autoridades locales, representantes de instituciones públicas, organizaciones comunitarias y la Policía Nacional.

La cartera estatal puntualiza que las nuevas oficinas contribuirán a fortalecer la atención integral a las personas afectadas por situaciones de violencia, mientras que los espacios comunitarios permitirán promover acciones de prevención, formación y participación ciudadana, en el marco de un trabajo articulado entre instituciones públicas, gobiernos locales y organismos de cooperación.

Por otra parte, concluyó la cuarta etapa del Plan de Acción del Consejo de Seguridad en Yvy Yaú, dentro del proyecto “Departamentos y Municipios Seguros”, en coordinación con el Ministerio del Interior, con jornadas desarrolladas en los colegios Pedro Juan Caballero y San Juan Bautista, del departamento de Concepción. Las actividades estuvieron dirigidas a estudiantes de ambas instituciones educativas, promoviendo espacios de formación y prevención en materia de seguridad ciudadana.

Durante las jornadas, especialistas de la Policía Nacional desarrollaron conversatorios sobre delitos informáticos, violencia intrafamiliar y violencia juvenil, brindando herramientas para la prevención y la concienciación de la comunidad educativa. Estas acciones forman parte del trabajo articulado que impulsa el Ministerio del Interior para fortalecer los Consejos de Seguridad como espacios de participación ciudadana y coordinación interinstitucional, contribuyendo a la construcción de comunidades más seguras.