Contribuyendo con las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19, la Dirección de Marina Mercante emitió la Disposición DGMM N° 10, por la cual establece el plazo de 90 días para que las embarcaciones operaren sin necesidad de recurrir hasta las oficinas para trámites administrativos.
La medida se da a fin de evitar aglomeración de personas. Aquellos trámites administrativos vinculados a la cadena logística como ser puertos y embarcaciones, que aún no se han digitalizado, se extienden sus respectivas habilitaciones por 90 días. Con la medida, no se dará de baja del sistema de Ventanilla Única del Exportador ni la Ventanilla Única del Importador para seguir operando con normalidad.
Igualmente, se garantiza a la industria naval seguir brindando servicios a los armadores respecto a los buques que necesitan ser reparados o ser botados para dar cumplimiento al decreto que dictó el Poder Ejecutivo.
“Se garantiza el normal funcionamiento de embarcaciones de cargas, puertos de importación y exportación y servicios de la industria naval. Todos estos trámites se realizan en la Dirección General de Marina Mercante y por ahora no será necesario recurrir hasta la oficina”, expresó al respecto el director Patricio Ortega.
Para consultas, los usuarios pueden escribir a la dirección de correo electrónico: marina-mercante@mopc.gov.py
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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MEC interviene en caso de alumna apuñalada por su compañera
El Ministerio de Educación tomó intervención en el caso de una estudiante de 15 años que resultó herida tras ser atacada con un arma blanca (navaja) por una compañera en una institución educativa del barrio Sajonia, en Asunción.
“Se auxilió a la niña afectada, se activó el protocolo y se hizo la denuncia”, manifestó este martes Erika Vargas, directora de Educación de Capital, en declaraciones al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La funcionaria se refirió a las acciones que llevan adelante ante estos graves hechos de violencia. “Lamentamos desde el MEC lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con la familia de la joven afectada”, expresó.
Añadió que al tomar conocimiento del episodio, el director y la supervisión activaron el protocolo. “Se realizaron las denuncias a las instancias correspondientes como la Policía, la Fiscalía”, precisó. Asimismo, “se auxilió” a la niña herida. “Pudimos llegar al hospital y ella está en muy buenas condiciones, a Dios gracias”, manifestó la funcionaria de Educación.
Sobre el ingreso de armas al centro educativo, aclaró que encuentran dificultades legales debido a que necesitan autorización de los padres para revisar las mochilas, atendiendo que se trata de menores de edad.
“Nosotros tenemos un protocolo que se había activado para hacer la revisión de mochilas. Para este protocolo necesitamos el visto bueno de la familia, pero al familia se opone a ello. Entonces, se complica el trabajo”, apuntó. Ante esta situación, destacó la necesidad de realizar un trabajo conjunto entre el MEC y la familia de los alumnos.
A la par, la cartera de Educación propone encarar una campaña de concienciación, de trabajo y prevención en los colegios. “Estamos trabajando con la Dirección de Desarrollo para que los chicos puedan entender lo qué es la convivencia entre pares, que la convivencia sea sana y que por sobre todo, la familia acompañe estos procesos”, detalló.
En ese sentido, recordó que son los padres los que tienen que velar por lo que los chicos llevan a la escuela, porque “si nosotros tomamos la intervención de revisión de mochilas necesitamos la autorización de los padres que muchas veces son reacios”, remarcó.
Por lo tanto, la responsabilidad es de los padres. “Nosotros habíamos remitido una planilla para la autorización de los padres, pero no cayó muy bien, no permitían la revisión”, comentó.
En cuanto a las medidas que tomarán sobre la agresión entre compañeras, señaló que van a separar a la víctima y a la agresora de acuerdo con las normativas vigentes y al protocolo activado, pero garantizando el derecho a la educación de ambas. “Vamos a ver como separarlas, pero que ambas reciban educación”, puntualizó.
La Fiscalía también va a tomar medidas porque ya pueden recibir algún tipo de imputación, agregó.
Por otro lado, mencionó que en la fecha mantendrán una reunión con un grupo de directores y supervisores y con el Ministerio del Interior para establecer mecanismos de trabajo para dar seguridad a los chicos a la entrada y salida ante la rivalidad entre colegios.
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Juez otorgó medidas alternativas a exintendente de Villa Hayes
El juez penal de garantías, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, y a su hijo, Esteban David Ríos Isasi, imputados por supuesta administración en provecho propio por un presunto negociado con un terreno municipal en Remansito, por cuya adjudicación no se habría realizado pago alguno.
Otazú dispuso la prohibición de cambiar de domicilio, mantener los números de celular informados al Juzgado y cumplir con la prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.
Además, fueron intimados a presentar, en un plazo de 20 días, el título de propiedad y el informe de condiciones de dominio del inmueble ofrecido como fianza. La garantía deberá cubrir G. 25.000.000 por cada procesado, por un total de G. 50.000.000.
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Según la imputación fiscal, entre 2020 y 2021, el entonces intendente habría beneficiado a su hijo con un certificado de ocupación de un inmueble municipal de 2.512,02 metros cuadrados, ubicado en San Jorge–Remansito. Posteriormente, el terreno fue adjudicado a Ríos Isasi, quien presuntamente no abonó el arrendamiento ni el precio de la adquisición definitiva.
El 26 de noviembre de 2020, Ríos Ayala expidió el certificado de ocupación a favor de su hijo. En 2021, este solicitó el arrendamiento del inmueble y el procedimiento culminó con un contrato que fijó un canon anual de G. 120 por metro cuadrado, monto que tampoco habría sido pagado.
El 25 de octubre de 2021, Ríos Isasi solicitó la compra definitiva del terreno. La Junta Municipal de Villa Hayes, mediante la Resolución JM N.º 510/2021, del 2 de noviembre de ese año, aprobó la adjudicación por G. 32.068.447 y autorizó al entonces intendente a suscribir la escritura de transferencia.
Sin embargo, según un informe remitido por la Municipalidad al Ministerio Público, no existen registros de pagos por la adquisición definitiva ni comprobantes contables.
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MIC simplifica la emisión de certificados para empresas del programa Hambre Cero
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), aprobó una medida para simplificar la emisión del Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN) y facilitar la participación de empresas nacionales en los llamados de adquisición del programa Hambre Cero.
Según informaron desde la cartera, las empresas que soliciten el CPEN para los servicios de almuerzo y cena deberán gestionar un solo certificado por servicio, bajo las modalidades de “cocinando en las escuelas” o “catering”, en reemplazo del esquema anterior de certificación por producto, denominado plato por plato.
Asimismo, para solicitar el certificado correspondiente al servicio de “almuerzo/cena” en la modalidad “cocinando en las escuelas”, las empresas deberán contar con el Registro de Prestadores de Servicio (Repse) vigente y declarar la actividad “Otros suministros de comidas sin los servicios de restaurante”, identificada con el código NSP 1.0301.29.
La disposición contempla procedimientos diferenciados según el tipo de servicio y los productos ofrecidos. Para almuerzos y cenas, el certificado se gestionará por servicio, mientras que para desayuno y merienda continuará la emisión por cada producto, con el correspondiente detalle de las materias primas e insumos utilizados.
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“Además, el establecimiento declarado deberá contar con el registro del establecimiento y el certificado de buenas prácticas de manufactura, expedido por la autoridad competente”, mencionaron en el comunicado.
Para la emisión del CPEN de cada producto correspondiente a la modalidad “Desayuno/Merienda”, las empresas deberán contar con el Registro Industrial vigente. En este documento se deberá detallar el producto final que se desea ofrecer, así como las materias primas e insumos correspondientes a cada producto, con su respectiva nomenclatura arancelaria vigente.
Con esta disposición, el MIC busca simplificar el trámite de certificación para las empresas nacionales interesadas en participar en los procesos de adquisición del Programa Hambre Cero, de acuerdo con el comunicado institucional.
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