La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) del Paraguay formó parte de la Primera Reunión Bilateral del Área de Control Integrado (ACI) entre Paraguay y Brasil, realizada en la sede de la Administración de Aduanas de Ciudad del Este, en el Puente Internacional de la Amistad.

De acuerdo al informe institucional, señalan que el encuentro se realizó con el propósito de reforzar la cooperación interinstitucional en la zona de frontera y optimizar la operativa del paso internacional.

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En representación de Migraciones participaron autoridades de la Dirección General de Movimiento Migratorio y de la Dirección General de Asuntos Internacionales, quienes aportaron al análisis técnico de los procedimientos y al fortalecimiento de las acciones coordinadas con sus pares brasileños y las demás instituciones nacionales con presencia en frontera.

En ese sentido, por la DNM estuvieron presentes el director general de Asuntos Internacionales, Fernando Pedrozo; el director de Cooperación y Enlace, Rafael Orrego; el director de Puestos de Control Migratorio de Alto Paraná, Adrián Mieres; y el jefe de Registros Migratorios, Néstor Chamorro.

La reunión se desarrolló esta semana en el marco del calendario anual previsto por el Reglamento Administrativo y Operacional del ACI y se consolida como un espacio fundamental para avanzar hacia una frontera más ágil, segura y articulada entre ambos países.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, encabezó este miércoles una reunión de alto nivel junto con el titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera, y el director general de Migraciones, Jorge Kronawetter, con el objetivo de analizar de forma integral los desafíos en materia de seguridad e integración regional.

Desde Cancillería informaron que el encuentro se centró especialmente en el nuevo régimen migratorio implementado por Argentina y la necesidad de una coordinación efectiva entre ambos países. Las autoridades coincidieron en la importancia de establecer mecanismos conjuntos que garanticen un control fronterizo eficiente y respetuoso de los derechos humanos, además de preservar la seguridad nacional.

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Entre las medidas más relevantes se encuentra el endurecimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, como el rechazo de personas con antecedentes penales, incluso sin condena firme, y la exigencia de que los extranjeros cuenten con un seguro médico para acceder al sistema de salud pública, salvo en casos de emergencia.

Además, se dispuso el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros no residentes en las universidades públicas, y se redujo de 180 a 90 días la vigencia de la residencia precaria. Acompañaron también los viceministros de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, y de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Aranda.

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El Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Sobre esto, la comisario principal Elisa Ledesma, asesora de Ministerio del Interior, dio más detalles y destacó que esta iniciativa representa un instrumento operativo de gestión pública orientado a brindar una respuesta más efectiva y coordinada ante los casos de desapariciones.

“El objetivo principal es dar una respuesta oportuna con enfoque en los derechos humanos, articulando el compromiso de varias instituciones del Estado”, explicó Ledesma al programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media,. Señaló que el mecanismo forma parte del proceso de reforma y modernización de la ley de la Policía Nacional.

Una de las prioridades del Ministerio del Interior, según la asesora, es la consolidación de datos estadísticos confiables. En la actualidad, las cifras disponibles no reflejan con precisión la realidad, debido a múltiples factores. “Tenemos estadísticas que no son 100 % fiables. Muchas veces se registra la denuncia de una desaparición, pero cuando la persona regresa, no se actualiza la información en la comisaría”, indicó.

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Además, las denuncias suelen realizarse en distintas instituciones, como el Ministerio Público, los juzgados o las Defensorías de la Niñez, lo que genera la duplicación en los registros. En ese sentido, Ledesma anunció que se trabaja en la implementación de un sistema integrado de información, que permita un canal único para el registro y seguimiento de los casos.

“Esto no solo afecta a las desapariciones. Lo mismo ocurre con las denuncias por violencia intrafamiliar. No hay un cruzamiento de datos que permita ver si la persona ya denunció en otras instancias”, agregó. Otro de los desafíos señalados por la comisario es la falta de recursos humanos especializados.

Actualmente, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional está centralizado en Asunción y no cuenta con la capacidad necesaria para cubrir todo el país. Por ello, el nuevo decreto prevé una articulación más amplia con instituciones como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para establecer protocolos de actuación conjunta a nivel nacional.

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Ledesma también adelantó que se están evaluando alianzas con compañías telefónicas y la posibilidad de utilizar pantallas en paradas de transporte público para difundir los rostros de personas desaparecidas, siempre con autorización del Ministerio Público. “Estos trabajos se hacían antes, pero de manera aislada. Con este mecanismo, buscamos tener un norte claro y acciones concretas”, concluyó.

El Ejecutivo, a través del Decreto 1011, dispuso la entrada en vigencia inmediata de un mecanismo nacional de búsqueda y localización de personas desaparecidas. La resolución presidencial fue comunicada este domingo por el Ministerio del Interior.

En el documento se detalla que la medida ejecutiva es un paso “provisorio y operativo”, mientras se tramita el tratamiento legislativo del proyecto de ley respectivo. “Esta acción responde al carácter impostergable de una causa que exige la actuación coordinada del Estado, en resguardo de los derechos fundamentales. El decreto constituye un paso provisorio, operativo y necesario, cuya vigencia se ajustará oportunamente al marco legal que se apruebe, a fin de asegurar la coherencia normativa y funcional”.

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Asimismo, el decreto señala que “el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, la Dirección de Migraciones y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia acompañarán decididamente el proceso legislativo, proponiendo los ajustes que permitan dotar a la futura ley de la mayor precisión y eficacia posibles”.

La resolución presidencial señala que “ante la magnitud del desafío, este ministerio reafirma que no se trata de quién promueva las normas, sino de que estas se apliquen, se respeten y se cumplan. Esto debe constituirse en una política pública permanente, que trascienda gobiernos y perdure en el tiempo”.

Finalmente, el Ejecutivo exhorta a la ciudadanía a colaborar responsablemente en este esfuerzo, que es una causa nacional. Aún no se ha hecho pública la resolución presidencial ni se conoce su alcance.

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