“Cuando fue electa senadora, cobró USD 50 mil en tres pagos que no están en su declaración jurada”, denunció el legislador Nano Galaverna.

El senador colorado Juan Carlos “Nano” Galaverna denunció que su colega del Partido Cru­zada Nacional, Yolanda Pare­des, vendió por USD 160 mil una vivienda perteneciente a la entidad binacional Itaipú, antes de los comicios genera­les de 2023, y de haber omi­tido este ingreso en la ren­dición de sus declaraciones juradas.

“Una senadora de la nación vendió una casa de Itaipú por USD 160 mil, dijo que nunca tuvo casa, pero no la tiene porque vendió una casa ajena. Estoy pidiendo que me pasen los documentos; cuando fue electa senadora, cobró USD 50 mil en tres pagos que no están en su declaración jurada”, mencionó el legis­lador sin precisar de quién se trataba. Las afirmaciones de Galaverna surgieron en el marco de la reunión desarro­llada ayer entre senadores y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, quien acudió hasta el Congreso Nacional con el objetivo de exponer sobre la adjudicación de un departamento en Luque al parlamentario Javier “Cha­queñito” Vera.

“Existe la frase haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Se quiere instalar un relato falaz y mentiroso, queriendo atacar al gobierno de Santiago Peña”, dijo Galaverna.

La senadora Paredes salió al paso de las acusaciones rea­lizadas por Galaverna, lan­zando improperios y admi­tiendo que fue ocupante y poseedora de dicha vivienda perteneciente a la represa.

“Yo no toqué dinero público, sí fui una ocupante posee­dora de una casa de Itaipú en el área 1 de Ciudad del Este. Yo sé que estoy molestando en el Congreso, porque les puedo decir a ustedes los delincuen­tes que son”, dijo. Las declara­ciones de Paredes obligaron al titular del Senado, Basi­lio “Bachi” Núñez, a cortar la transmisión pública reali­zada a través de los medios de comunicación de la Cámara. “Senadora, no se va a referir así a nosotros; cortaremos la reunión si vamos a continuar así. Usted es la delincuente”, apuntó Núñez.

De acuerdo a las denuncias, la vivienda fue cedida por Paredes a Alberto Ariel Ramírez Britos y a Liz María Auxiliadora Aquino, quienes, por un instru­mento jurídico de dudosa procedencia, fueron auto­rizados a hacer las gestio­nes ante Itaipú para regis­trar la casa a sus respectivos nombres.

“La senadora vendió un bien público. En la reunión se exa­cerbó y nos trató a todos de delincuentes. ¿Quién es la delincuente que se apropió de una casa de la entidad Itaipú?”, mencionó Núñez luego de abandonar la reunión.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), recordó a los contribuyentes que durante el mes de marzo se debe realizar la liquidación del Impuesto a la Renta Personal (IRP) correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Según informó la institución, un total de 346.519 contribuyentes deberán presentar su Declaración Jurada a través del sistema Sistema Marangatu. La fecha de vencimiento para cada caso se determina de acuerdo con la terminación del Registro Único de Contribuyente (RUC), conforme al calendario perpetuo de vencimientos.

Para la presentación del IRP se deben utilizar dos formularios: el N.º 515, correspondiente a Rentas por prestación de servicios personales, y el N.º 516, destinado a Rentas y ganancias de capital.

En el caso de las rentas derivadas de servicios personales, el impuesto grava los ingresos de fuente paraguaya obtenidos por el trabajo personal, ya sea en relación de dependencia o de forma independiente. Se excluyen de esta categoría conceptos como el aguinaldo, los aportes jubilatorios o de seguridad social.

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Dentro de los egresos deducibles, los contribuyentes pueden declarar gastos personales y de familiares a cargo, como alimentación, vestimenta, alquiler y mantenimiento de vivienda, compra de muebles y electrodomésticos, gastos de movilidad, seguros, así como gastos de salud y educación realizados tanto en el país como en el exterior. También se permite deducir la adquisición de un vehículo cada tres años y un inmueble cada cinco años.

Por su parte, el apartado de rentas y ganancias de capital incluye ingresos generados por el patrimonio o por incrementos patrimoniales que no derivan de la prestación de servicios personales. Entre ellos se encuentran la venta o alquiler de inmuebles, premios de loterías, rifas o sorteos desde G. 500.000, la venta de bienes muebles que superen los G. 20 millones en un ejercicio fiscal, así como la venta de acciones, cuotas partes o cesión de derechos.

En estos casos, la normativa permite deducir ciertos gastos asociados a las operaciones, como honorarios de notarios y escribanos, tributos, tasas de registro, costos administrativos y de publicidad, además de honorarios pagados a intermediarios, siempre que las erogaciones estén debidamente documentadas.

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La transparencia en las declaraciones juradas vuelve a estar en el centro del debate público en Ciudad del Este, luego de conocerse que la concejala Valeria Romero, integrante del movimiento “Yo Creo” y supuesta pareja del exintendente Miguel Prieto -destituido tras un informe que constató irregularidades en su gestión-, declaró solo G. 700 mil en concepto de vestimenta, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).

De acuerdo a lo expuesto por el programa televisivo El Repasador, Romero ocupa una banca en la Junta Municipal de Ciudad del Este y su remuneración mensual es de G. 21.500.000. Así consta en su declaración jurada, en la que la edil no declaró bienes inmuebles ni vehículos, y consignó G. 1 millón en gastos personales mensuales, además de no registrar inversiones ni viajes.

Estos datos contrastan con la imagen pública que proyecta a través de sus redes sociales, donde comparte un estilo de vida que ha generado comentarios entre internautas y observadores locales: trajes costosos, viajes, entre otros.

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Romero forma parte del movimiento político “Yo Creo”, liderado por el exintendente destituido Miguel Prieto, actualmente con varios procesos judiciales abiertos por supuestas irregularidades en su gestión municipal.

Durante los últimos años, varios integrantes de su entorno político han sido mencionados en investigaciones administrativas y judiciales relacionadas con presuntos casos de uso indebido de influencias y malversación de fondos.

En tanto, la concejala aún no se ha pronunciado públicamente sobre los detalles de su declaración patrimonial ni sobre las críticas surgidas a raíz de su publicación.

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La Contraloría, por su parte, recordó que el objetivo de las declaraciones juradas es garantizar la transparencia y prevenir el enriquecimiento ilícito, invitando a la ciudadanía a consultar los documentos disponibles en su portal oficial.

Este caso reaviva el debate sobre la necesidad de mayor control y fiscalización del patrimonio de las autoridades locales, especialmente en municipios que han enfrentado denuncias por falta de rendición de cuentas en los últimos años.

El presidente de la República, Santiago Peña, actualizó su declaración jurada de bienes y solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la revisión integral de sus bienes en respuesta ante los ataques mediáticos que apuntan a su vida financiera y familiar, que la oposición utilizó para presentar una denuncia penal.

“Lo hago con la tranquilidad de quien ha trabajado siempre con honestidad y con la fuerza de quien sabe que nada se construye sobre la mentira. A lo largo de mi vida, en el sector público y en el privado, me he esforzado dando lo mejor de mí y he actuado siempre con respeto a las leyes”, expresó el mandatario, este viernes, a través de su cuenta oficial de X.

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“Como presidente, creo profundamente que la confianza de los paraguayos se honra con hechos, no con palabras, y que el Paraguay que queremos se construye con valores”, agrega el mandatario en su comunicado a la opinión pública.

Ya en la nota remitida al contralor general de la República, Camilo Benítez, el presidente señala que el pedido se da en el marco del respeto a la ciudadanía que le dio su voto y confianza para el alto cargo, si no también “en aras de tutelar mi buen nombre, particularmente, ante publicaciones periodísticas falsas, inexactas e interesadas que se alejan y largamente, del mandato constitucional de que la información debe ser ‘veraz, responsable y ecuánime’ (artículo 28 de la Constitución)”.

Peña señala que pese a que el examen de correspondencia de la declaración jurada de bienes y rentas, se debe realizar al cesar el mandato, expresa que su solicitud que dicho examen sea realizado en este momento.

“Las citadas publicaciones inexactas pretenden instalar falsedades en la opinión pública, para que todos los paraguayos sepan la verdad hoy, que todo lo que tengo se encuentra absolutamente respaldados en documentos fehacientes y merced a ingresos lícitos, y son el resultado de toda una vida de trabajo tanto en el sector público como privado”, expresa el documento.

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