La decisión se da con el objetivo de facilitar los preparativos y el desplazamiento de los ciudadanos hacia el interior del país.

El día de ayer, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto por el cual se declara asueto el día Miér­coles Santo, para los funcio­narios de la administración pública y entidades descen­tralizadas. La idea es facilitar el traslado al interior del país para las personas que tienen intención de viajar y pasar con sus familiares.

Se trata del decreto presi­dencial n.° 5694, por el cual Santiago Peña decidió decla­rar asueto el día miércoles 1 de abril de 2026 para los funcionarios de la admi­nistración pública central y entidades descentraliza­das para que puedan viajar y pasar tiempo de calidad en familia.

“Esta decisión se da en el marco de la Semana Santa, con el objetivo de facilitar los preparativos y el despla­zamiento de los ciudadanos hacia el interior del país para vivir esta tradicional celebra­ción en familia”, informaron desde la Presidencia de la República.

Aclararon que de esta forma buscan fomentar el turismo interno entre las personas que trabajan y que tengan más tiempo para pasar con sus seres queridos en los días santos. A nivel país se ofrecen varias actividades, que fue­ron declaras de interés para la Semana Santa.

“Además de su gran valor espiritual, esta medida busca promover el turismo interno y dinamizar el movimiento comercial y económico en todo el territorio nacional”, puntualizaron.

Tras la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el legislador Miguel Del Puerto, líder de la bancada “A” del Partido Colorado, se refirió al proyecto de ley que establece límites a las remuneraciones de funcionarios públicos y elimina diversos beneficios económicos en todos los organismos del Estado, que quedó pendiente de resolución en la última sesión ordinaria.

En conversación con los medios de prensa, el legislador sostuvo que, como bloque oficialista, se hallan convencidos de que dicho documento debe ser estudiado plenamente, “para dar un mensaje claro a la ciudadanía sobre nuestro compromiso con la transparencia en el uso de los recursos del Estado”, indicó.

Aclaró que el análisis será totalmente independiente al ritmo que el Senado pueda imprimir en el estudio de un proyecto de similares características, que fue recientemente presentado en dicha esfera.

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El parlamentario adelantó que propiciarán el cuórum correspondiente en la sesión ordinaria del próximo martes y, a partir de entonces, solicitarán un estudio profundo y pertinente, de ser posible, durante una sesión extraordinaria que sea exclusiva para ese fin.

Cabe señalar que esta iniciativa, impulsada por un grupo de diputados de diferentes signos políticos, se enmarca en las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno nacional, bajo el concepto de “economía de guerra”, ante la caída en los niveles de recaudación fiscal.

En otro orden de cosas, también se refirió al pedido de interpelación al titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, impulsado por bancadas de la oposición y la disidencia colorada, a raíz del caso que involucró al senador Javier Odilón Vera (adjudicación de un departamento en el edificio Residentas I de la ciudad de Luque).

Señaló que ese tema todavía no fue debatido en el seno de la bancada “Honor Colorado” de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, personalmente, opinó que se trata de un caso cerrado: “Después de la reunión que mantuvimos con el ministro Baruja y de recibir sus explicaciones, considero que la interpelación no amerita y que se trata, más bien, de una falta de ética por parte del senador en cuestión (Javier Vera)”, manifestó.

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Desde el Poder Ejecutivo aclaran que la iniciativa sobre la Reforma de la Caja Fiscal, de ninguna forma afectará los derechos adquiridos, según expresó el asesor de la Presidencia en Asuntos Sociales y Económicos, Juan Galeano Paredes. De esa forma, desmintió las versiones que apuntan a recortes o modificaciones sobre jubilaciones ya otorgadas o consolidadas.

Galeano Paredes fue categórico al referirse al alcance del proyecto de ley que fue presentado recientemente en el Congreso, y que por de pronto se encuentra en análisis y debate a instancias de la Comisión Permanente, a los efectos de dar a conocer la propuesta de ley a todos los sectores, previo a que sea debatido en la Cámara de Diputados donde fue remitido el documento.

En una entrevista a la radio 730 AM, mencionó que la Reforma de la Caja Fiscal, planteada desde el Gobierno, lo que busca es evitar el colapso financiero del sistema jubilatorio del sector público.

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Mencionó que el Gobierno del presidente Santiago Peña impulsa esta reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para funcionarios públicos, conocida como Caja Fiscal, con el objetivo central de evitar su quiebra financiera y garantizar la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

“Fue una decisión del presidente de la República, Santiago Peña, hacer frente a este problema que acarrea, en términos financieros, el tema de la Caja Fiscal. En ningún momento se afectan, o se tocan, los derechos adquiridos. Eso se respeta completamente. Esto es un tema estrictamente financiero”, enfatizó.

El asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia explicó que el sistema previsional estatal ya no se encuentra en condiciones de sostenerse tal como está, debido al creciente desequilibrio entre ingresos y egresos.

Mencionó que la Caja Fiscal arrastra déficits crónicos desde hace varios años, producto de múltiples factores:

• ​Envejecimiento de la población jubilada
• ​Menor cantidad de aportantes activos en relación con los beneficiarios
• ​Regímenes especiales con beneficios superiores a los aportes realizados
• ​Aumento sostenido del gasto público previsional

“Este escenario obliga al Estado a cubrir el déficit con recursos del Tesoro, presionando las finanzas públicas y limitando la capacidad del Gobierno para invertir en otras áreas sensibles”, explicó.

Atendiendo esta situación, desde la Presidencia insisten en que la reforma tiene un enfoque estrictamente financiero, orientado a:

• ​​Evitar el colapso del sistema jubilatorio estatal
• ​Garantizar el pago futuro de jubilaciones y pensiones
• ​Ordenar el funcionamiento de la Caja Fiscal
• ​Reducir la dependencia del financiamiento estatal

“El problema ya no admite postergaciones”, señaló, considerando que de no actuar hoy implicaría un riesgo mayor para las futuras generaciones de jubilados.

Cabe destacar que la reforma de la Caja Fiscal, actualmente se perfila como uno de los debates estructurales más importantes del actual gobierno. Si bien está generando cierta resistencia y cuestionamientos de algunos sectores, el Poder Ejecutivo sostiene que se trata de una decisión necesaria para preservar el sistema y evitar una crisis mayor.

“El mensaje oficial es claro: no se trata de recortar derechos, sino de salvar la Caja Fiscal antes de que sea demasiado tarde”, concluyó Galeano Paredes.

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La edad de jubilación y los años de servicio son las variables clave con mayor impacto en la reducción del déficit de la Caja Fiscal, reiteró este martes la gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Liz Coronel.

Según detalló, un eventual aumento de impuestos no sería la solución a la situación que atraviesa la caja de los funcionarios públicos.

“La edad y los años de servicio son los que logran el mayor impacto en la disminución de ese gasto que va en aumento aceleradamente”, explicó a la 780 AM.

Mencionó que la Caja Fiscal tiene la naturaleza de que casi es cerrada, en el sentido de que no se puede apuntar a aumentar la cantidad de activos porque finalmente la cantidad de funcionarios públicos se define en relación con las necesidades de la población en cuanto a cantidad de docentes, personal de blanco, efectivos policiales y otros.

Con respecto a un eventual aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 14 % como propusieron algunos sectores, comentó que no habrán recursos suficientes para hacer frente al déficit de USD 380 millones de la Caja Fiscal en forma anual.

“El adicional que se recaudaría por esos cuatro puntos porcentuales adicionales sería alrededor de USD 1.100 millones. Eso apenas da para cubrir dos años y medio, o un poco menos incluso el déficit”, refirió.

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Detalló que el equipo técnico de la institución toma muy en serio las propuestas de los gremios y trata de poner número y costo a todas las propuestas. “Es muy importante también dar ese número, porque a veces uno lanza los números y realmente cuando uno ve, exactamente, cuánto va a costar es donde tenemos que pensar todos como sociedad”, acotó.

Igualmente, manifestó que los derechos adquiridos con la ley vigente se respetan. “Es decir, los docentes que hoy ya tengan cumplido 25 años, que es el único requisito de aporte que se les pide, estos se van a poder jubilar, eventualmente, cuando ellos decidan, en el momento que ellos quieran con las reglas anteriores”, argumentó.

Ayer jueves, el presidente de la República, Santiago Peña, también se refirió al proyecto de la Caja Fiscal y afirmó que se trata de una reforma necesaria, a pesar de la resistencia de algunos sectores, detallando que este proyecto permitirá un gran progreso y desarrollo para el país.

“Queremos escucharlos y estamos abiertos a recibir sugerencias de todos, y en ese sentido quiero agradecer públicamente a todos los sectores que se han acercado pacíficamente con propuestas, con ideas para ver cómo enriquecer este diálogo”, puntualizó Peña.

A su vez, gremios como la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) manifestaron su apoyo y explicaron que la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo es necesaria e impostergable, y una medida que fue postergada durante años.

El déficit no es un problema aislado, sino una situación sectorial que termina recayendo sobre todos los paraguayos, ya que la falta de recursos para cubrir determinadas jubilaciones se compensa con fondos provenientes de los impuestos generales, explicaron desde Cavialpa.

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