Representantes de diferentes gremios sindicales y penitenciarios se reunieron este martes en la sede del Ministerio de Justicia, con el objetivo de llegar a un acuerdo con relación al reclamo sobre el aumento salarial para dicho sector.
Durante el encuentro se pudo llegar a un entendimiento luego de que el documento elaborado sufriera algunas correcciones y, tras su análisis final se procedió a la firma del mismo, poniendo punto final al reclamo de los funcionarios de distintas penitenciarías.
La viceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez, fue la encargada de llevar adelante las reuniones con los diferentes sectores que reclamaban el reajuste salarial y otros beneficios para los funcionarios.
Recordemos que a través de un amparo constitucional promovido por Sergio Coscia, procurador general de República, la huelga promovida por los guardiacárceles fue desactivada y hasta el momento el gremio sigue reclamando llegar a un acuerdo sobre las peticiones realizadas.
El salvaguardia judicial fue firmado por la jueza penal de garantías Rosarito Montanía de Bassani.
“Téngase por iniciada la presente acción de amparo constitucional promovida por los recurrentes contra el Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Sindicato Nacional de Seguridad Penitenciaria del Paraguay, Sindicato de Trabajadores del Centro Educativo Itauguá y el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Paraguay”, reza el oficio Nº 7.955, que prohibió a los mencionados funcionarios llevar adelante la medida de fuerza.
Sin embargo, la portavoz del Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Myriam Orrego, en su momento dejó escuchar su posición referente al reclamó explicando que “somos seres humanos con hambre. Acatamos la resolución judicial, pero seguiremos en reunión con nuestro equipo jurídico para ver qué medidas asumir. Es nuestro derecho de peticionar para mantener a nuestra familia”.
Finalmente el acuerdo fue firmado en documento por lo que la tan mencionada medida de fuerza que debía llevar adelante los guardiacárceles quedó definitivamente enterrado.