La Paz. Bolivia. AFP.- | Bolivia seguía sumida en una ola de protestas en rechazo a la reelección de Evo Morales en primera vuelta, resultado que el aspirante opositor Carlos Mesa desconoció este sábado al considerarlo un “fraude”.
El centrista Mesa, que gobernó bolivia entre 2003 y 2005, leyó un documento ante periodistas para "rechazar y desconocer el cierre del cómputo nacional de las elecciones generales y las consecuencias políticas y jurídicas del mismo por ser éste el resultado del fraude y el incumplimiento".
Morales, que cumple este sábado 60 años, instó desde un cuartel militar antinarcóticos en el Chapare (centro), su cuna política, a quienes cuestionan su triunfo para un nuevo período 2020-2025 que demuestren el presunto fraude.
"No ocultamos, no mentimos. Menos pensar en fraude, y tampoco presentan pruebas. Todo es mentira y mentira", dijo, cuestionando a sus oponentes y a la comunidad internacional. "Si hay fraude, al día siguiente convocamos a la segunda vuelta".
Mesa dijo asimismo que las manifestaciones, que se desataron desde la misma noche de la elección, se intensificarán a partir del lunes.
Ya este sábado miles de personas continuaban manifestando en las calles de las principales ciudades bolivianas, con barricadas en las intersecciones viales obstruidas con banderas, cuerdas, automóviles atravesados en la vía u otros objetos, para impedir el tránsito vehicular y el desplazamiento de personas.
Las protestas en La Paz estaban localizadas principalmente en la zona sur donde están asentadas las residencias de las clases media y alta.
En el área urbana de Santa Cruz (este), pulmón del desarrollo boliviano, convertido en el centro neurálgico de la protestas, las personas abarrotaron este sábado los supermercados, que tienen horario restringido, para aprovisionarse, pues el comité cívico regional anunció que la huelga, iniciada el miércoles, se extenderá por tiempo indefinido.
En medio de las protestas de Santa Cruz, una turba quemó esta semana las oficinas regionales del TSE y del Servicio de Identificación, por lo que la Fiscalía regional libró detención domiciliaria contra 31 ciudadanos. Además “están prohibidos de asistir a convocatorias de marchas y de usar redes sociales bajo la supervisión del (fiscal) asignado al caso”.