El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, aclaró la situación de los 187.572 jóvenes de entre 18 y 30 años catalogados como “inubicables” en el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El magistrado explicó que estos ciudadanos no pudieron ser asignados a un local de votación específico debido a la falta de datos precisos sobre sus domicilios reales. Ante este escenario, la institución anunció que buscará perfeccionar el intercambio de información con la Policía Nacional antes de los próximos comicios generales.

La observación formulada por la Misión de Expertos Electorales de la OEA recomendó estandarizar con urgencia los registros del Departamento de Identificaciones para facilitar la correcta georreferenciación de los votantes. A través de la 730 AM, Rossel precisó que la Justicia Electoral actúa con estricto apego a los datos suministrados por la entidad policial, donde en ocasiones solo figuran referencias vagas como un barrio o zona —por ejemplo, “Trinidad”— sin detallar la calle, la numeración ni el distrito correspondiente, lo que imposibilita la inscripción exacta en el padrón.

Para subsanar esta falencia, la autoridad electoral descartó la necesidad de recurrir a contrataciones especiales o presupuestos extraordinarios, argumentando que la solución radica en una integración tecnológica fluida entre las bases de datos estatales. Rossel confirmó que existen gestiones avanzadas con el Ministerio del Interior para acelerar la interconexión digital. Además, recordó que el organismo ya había detectado esta limitación con anterioridad y estimó que el ajuste técnico estará operativo en un plazo máximo de un mes.

Por otro lado, el informe del organismo internacional reabrió el debate sobre la difusión irrestricta de encuestas y sondeos a boca de urna mientras las mesas de votación continúan abiertas, práctica que infringe las restricciones legales vigentes. Sobre esta problemática, el vicepresidente del TSJE sostuvo que se trata de un asunto de resorte estrictamente legislativo que requiere un abordaje normativo actualizado.

El magistrado rememoró que anteriores iniciativas de reforma electoral quedaron paralizadas en el Congreso cuando se propuso otorgar al TSJE facultades reglamentarias para fiscalizar la confiabilidad de las empresas encuestadoras. “Hay que sentarnos a hablar ahora sobre este tema”, enfatizó Rossel, instando a los parlamentarios a instalar la mesa de diálogo de cara a las futuras convocatorias urnas.

Las elecciones municipales de este domingo se celebran por octava ocasión en la era democrática y coinciden con los casi treinta años de la primera versión organizada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el 17 de noviembre de 1996. Mientras que el 26 de mayo de 1991 se celebraron por primera vez en la historia paraguaya elecciones locales con voto directo, libre y secreto en 207 distritos existentes. Anteriormente, las autoridades municipales eran designadas por el Poder Ejecutivo.

Tras el derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner en febrero de 1989, se promulgó un nuevo Código Electoral (Ley n.º 1/90) que estableció la autonomía municipal y la elección popular de intendentes y concejales. Posteriormente, la Constitución Nacional se promulgó en junio de 1992 y creó el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que se formalizó con la Ley n.º 635/95, “que reglamenta la Justicia Electoral”, sancionada el 20 de julio de 1995 y promulgada el 22 de agosto de 1995.

Con este nuevo órgano técnico se realizó una renovación integral del Registro Cívico Permanente (RCP), resultando en 1.817.353 electores habitados en noviembre de 1996, de los cuáles acudieron 1.514.045 a las urnas, registrando un récord histórico del 83,31 % de participación. Desde 2021 se produjo otra evolución del proceso electoral con la implementación de la Ley de Desbloqueo de Listas de Representación Proporcional y la Urna Electrónica (Máquinas de Votación).

Durante la época colonial, las ciudades se administraban mediante la figura de los Cabildos, como el de Asunción o las villas fundadas posteriormente. En la primera mitad del siglo XIX, bajo los gobiernos de Francia y de López, la administración del territorio se centralizó fuertemente, se suprimieron los cabildos y el control local quedó en manos de delegados de gobierno, comisionados o jefes de policía designados por el Poder Ejecutivo central para cobrar impuestos y mantener la seguridad.

Tras la Guerra contra la Triple Alianza, el 18 de junio de 1872 se promulga la primera Ley de Municipalidades, creando formalmente las instituciones comunales en Asunción y el interior. Décadas después, la ley n.º 915 Orgánica Municipal fue sancionada el 20 de junio de 1927, que estableció la división entre la Junta Municipal (deliberativa) y el Intendente (ejecutivo), que continuaban siendo nombrados directamente por el Presidente de la República.

Durante el periodo de inestabilidad política, incluyendo la Guerra del Chaco (1932-1935), los municipios sirvieron más como puestos de control político militar y partidario que como entes de desarrollo autónomo. La Constitución de 1940 consolidó un modelo político fuertemente autoritario y centralista impulsado por el presidente José Félix Estigarribia y continuado por Higinio Morínigo; que el régimen stronista mantuvo durante sus 35 años de vigencia (1954-1989), en dependencia total del Ministerio del Interior y del dictamen del Presidente.

Desde el TSJE recordaron que no se admitirá documento digital, solo el físico.

Las personas que acudan a votar este domingo deben portar su documento de identidad. No importa que esté vencido, pero debe ser la cédula física, según disposi­ciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En ese contexto, el Minis­terio de Tecnologías de la Información y Comunica­ción (Mitic) aclara que si bien la cédula de identidad en formato digital cuenta con la misma validez que la cédula física para los docu­mentos cuya portación es obligatoria, no está regla­mentada.

De acuerdo con la Ley n.º 7177/2023, su utilización como documento habili­tante para votar requiere de una reglamentación específica en coordinación con la Justicia Electoral. En este sentido, el Mitic anunció que continuará trabajando con el TSJE para establecer las condiciones normativas y operativas que permitan la implementación de la cédula digital en futuros procesos electorales.

Por lo tanto, para las elec­ciones municipales de hoy, la ciudadanía deberá lle­var su cédula de identidad física, vigente o vencida, para poder ejercer su dere­cho al voto.

Un total de 5.043.154 elec­tores están habilitados para estas elecciones. Se elegi­rán 263 intendentes y 5.664 miembros de Juntas Munici­pales en 263 distritos.

La cédula es el único docu­mento válido para votar. No se admiten pasaportes ni otras documentaciones. Si no votás, y no tenés una jus­tificación válida, podés reci­bir una multa de medio a un jornal mínimo, indicaron.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) encara la recta final del cronograma previsto para las Elecciones Municipales 2026. En este tramo previo, la jornada del jueves 1 de octubre marca el cierre de la instrucción a los miembros de mesa, la realización de las auditorías judiciales y la culminación del periodo de propaganda electoral. El viernes 2 se llevará a cabo el chequeo general final, para luego dar paso el sábado 3 a la conclusión de la capacitación técnica e instructiva, así como al cierre del operativo de distribución de las máquinas y kits electorales en los locales de votación.

El domingo 4 de octubre se desarrollarán los comicios en todo el territorio nacional, habilitando las mesas de votación desde las 7:00 hasta las 17:00. Inmediatamente después del juzgamiento de las actas, del lunes 5 al viernes 16 de octubre se procederá al repliegue de los equipos informáticos y kits, mientras que entre el lunes 5 y el viernes 23 del mismo mes se realizarán los cómputos en única instancia de las juntas electorales. El proceso de juzgamiento culminará formalmente el viernes 30 de octubre con la proclamación oficial de los candidatos electos.

En el ámbito institucional, el martes 3 de noviembre se concretará el acto público de juramento y toma de posesión del cargo de los intendentes y concejales electos. Posteriormente, entre el miércoles 4 y el miércoles 18 de noviembre, las instituciones involucradas deberán comunicar la lista oficial de autoridades proclamadas a la Contraloría General de la República. A su vez, el jueves 5 de noviembre vencerá el plazo para que las agrupaciones políticas presenten sus respectivas rendiciones de cuentas ante el órgano electoral.

El calendario electoral concluye en diciembre con los trámites económico-financieros derivados de los comicios. El jueves 3 de diciembre fenecerá el periodo para solicitar el subsidio electoral por parte de las organizaciones políticas participantes. Finalmente, el viernes 18 de diciembre el TSJE publicará el balance definitivo y la memoria de las rendiciones de cuentas finales presentadas por las fuerzas de la contienda.