La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.

No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.

Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.

A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

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Este lunes 28 de julio, el Ministerio Público dio mesa de entrada al informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, remitido por la Cámara de Senadores. El documento cuenta con varios tomos con información sobre indicios de lavados de activos en el sistema bancario y vía organizaciones sin fines de lucro, entre otros.

El informe elaborado por la CBI está centrado en cuatro ejes en total en los cuales se aborda, el lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro, lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa, además de conclusiones y recomendaciones. Además del escrito, se adjuntaron pendrives con audios, videos, notas varias, documentos entre otros que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

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Cabe mencionar que el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, ya había adelantado que este documento sería remitido a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía, así también como la Contraloría y la Cancillería ya anunció que el trabajo de la comisión también será enviada a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

Entre los casos concretos que investigó la CBI se destacan:

1. Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
2. Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
3. Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

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El senador Dionisio Amarilla celebró la rápida actuación de la presidencia del Senado en relación con el informe final elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que indaga sobre el lavado de dinero en el país. El titular de la Cámara Alta, Basilio Núñez, dispuso el envío de dos copias del informe a la Cancillería, con el objetivo de que sean remitidas por vía diplomática a Estados Unidos.

“Agradecemos la celeridad de la presidencia de la Cámara Alta que remitió dos copias de los nueve tomos del informe para que Cancillería a su vez remita esto vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, el hallazgo de la Comisión Bicameral de Investigación es contundente”, expresó Amarilla.

Según explicó, el informe consta de nueve tomos con información variada, entre ella, sobre graves irregularidades en el sistema financiero nacional. De acuerdo a lo que explicó el legislador, los resultados de la investigación son “contundentes” y revelan que entidades bancarias del país habrían facilitado el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, incurriendo en operaciones de lavado de activos.

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“Creo que a los Estados Unidos le va a interesar bastante este tema, porque hasta creo que estos bancos no pueden seguir siendo corresponsales de remesas y recepción de fondos en el Paraguay”, advirtió en conversación con varios medios de prensa. Amarilla consideró que la cooperación con Estados Unidos puede ser determinante para profundizar las investigaciones y sancionar a los responsables.

En ese sentido, recordó que quien se desempeñó como relator de la Comisión Bicameral, Gustavo Leite, fue recientemente designado embajador de Paraguay ante el gobierno estadounidense.

“Tenemos una ventaja, porque quien fuera relator de la comisión hoy es flamante embajador en Washington. Lo fui a saludar y le pedí personalmente que no olvide dar seguimiento al informe. Estoy seguro de que el embajador Leite habrá tomado muy en serio mi recomendación en ese sentido”, señaló el senador.

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Siguiendo con las señales correc­tas de política económica que lleva a cabo el Gobierno nacional, el ministro de Economía, Car­los Fernández Valdovinos, dijo reciente­mente que el subsidio a los empresarios del transporte público debe reducirse a cero, agregando sobre la necesidad de una reingeniería en el sistema de trans­porte.

Estas declaraciones vienen a colación por los últimos subsidios de 14 millo­nes de dólares proveídos desde bonos soberanos para las empresas de trans­porte de pasajeros. Dicha suma se volvió inviable por sus efectos sobre los pasaje­ros, motivo por el cual –siguió diciendo el ministro– el subsidio debe reducirse hasta su eliminación.

Como se sabe, el subsidio que también lleva por nombre subvención es una forma de ayuda en dinero que el Estado otorga a ciertos sectores, en este caso a las empresas de transporte público, para que con dicha transferencia de recur­sos el pasaje que paga el usuario sea más bajo. Pero eso no significa que el precio sea el conveniente para todos y que la calidad del servicio se encuentre garan­tizada.

Así como está establecido en nuestro país a la fecha, la llamada tarifa técnica del sistema de transporte público del Área Metropolitana es la suma del costo del pasaje abonado por el usuario más el subsidio por pasajero pagado por el Estado. Estos contienen otros elementos a considerar como los kilómetros reco­rridos, precio del combustible, la cotiza­ción del dólar, monitoreo del Sistema de Billetaje electrónico junto con los costos fijos en el sector.

Ahora bien, si el pasaje tiene que tam­bién convertirse en una ganancia para el prestador del servicio, entonces muchos consideran que no hay otro modo que mantener la compensación externa por parte del Estado. Sin embargo, este aná­lisis contiene errores de orden práctico.

Entre los problemas que contiene aque­lla aseveración está precisamente la transparencia en el uso de los recursos en forma de subsidios y sobre todo en el respectivo control en el mejoramiento de la calidad del servicio, temas que final­mente quedan rezagados puesto que el sistema de transporte de pasajeros en el país se volvió una forma de privilegio para algunos.

Esto bien se puede demostrar cuando los habitantes de otras zonas del país que no son del Área Metropolitana no cuentan con el mismo apoyo, pero también termi­nan pagando siderales sumas de dinero sin recibir prestación alguna.

Pero no todo termina ahí. El problema que podríamos denominar mayor y que resulta casi imposible de encontrar una solución (al menos si se continúa con la práctica de siempre) está en que las medidas de subsidios consolidan en el tiempo una forma de oligopolio confor­mado por empresas de transporte cuyos dueños son finalmente los que van digi­tando quiénes podrían ingresar en el recorrido correspondiente en complici­dad con autoridades municipales. Esto implica que los que reciben el subsidio son los encargados de vigilar sus intere­ses impidiendo toda forma de competen­cia en el sector.

El sistema de transporte merece un cambio. Y cuando el ministro de Econo­mía afirma que pese a destinarse cada vez más dinero en el sector no se regis­tran mejoras para el pasajero, pues sus declaraciones son acertadas porque par­ten de hechos cotidianos.