Lima, Perú | AFP.

Sobre Toledo –quien gobernó Perú entre el 2001 y el 2006- pende una orden judicial de captura internacional dictada el jueves, acusado de recibir US$ 20 millones a cambio de favorecer a la constructora Odebrecht con la construcción de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

El ex gobernante se encontraba en Francia hace unos días, presentando un libro, pero ahora su paradero es desconocido. "Invocamos a Interpol Francia a actuar con la mayor celeridad posible ante alto riesgo de fuga en caso Toledo", escribió el Ministerio del Interior en Twitter. Toledo pasó así a integrar la lista de los más buscados de Perú, compartiendo espacio con violadores, asaltantes, asesinos y estafadores, en un programa de recompensas lanzado hace unos meses por el gobierno.

De ser capturado, el ex mandatario deberá cumplir una orden de prisión preventiva por 18 meses, mientras duren las investigaciones. "Interpol tiene que notificar a 190 países que Perú ha lanzado una alerta roja", dijo a la prensa la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien descartó persecución política contra el acusado, una teoría que ha intentado instalar la defensa, que ha recomendado a Toledo no volver a Perú.En una entrevista televisiva el ex gobernante negó los cargos y dijo ser víctima de persecución por combatir a Fujimori.

Para el juez Richard Concepción, quien ordenó la captura y prisión preventiva por 18 meses, "Toledo vendió la carretera interoceánica por pagos de Odebrecht". Concepción detalló que para ordenar la detención de Toledo "no se exige certeza, sino la existencia de un alto grado de probabilidad sobre los hechos que se imputan".

Este proceso judicial responde sólo a una investigación preparatoria, que servirá para luego analizar los delitos de fondo en un juicio. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro, gestor de la captura de Toledo, sustenta el caso en las confesiones del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien se acogió a un acuerdo con la justicia y delató al ex gobernante y a su cómplice y amigo, Josef Maiman, en cuyas cuentas off shore se depositó el dinero.

De acuerdo con el fiscal, el pedido inicial de Toledo era de US$ 35 millones, pero la empresa finalmente le pagó US$ 20 millones porque, si bien ganó la licitación, el gobierno no cumplió con modificar las bases del concurso para perjudicar a sus competidores.