Stacy Cowley

La deuda de préstamos estudiantiles no es algo que la mayoría de la gente codicie, pero para Mitzie Pérez, una estudiante universitaria de 25 años, en California, pedir prestado dinero para cubrir sus cuentas de matrícula sería una bendición.

Pérez es una inmigrante indocumentada que fue traída ilegalmente a Estados Unidos desde Guatemala, en 1997, cuando tenía 5 años de edad. Ella fue protegida de la deportación por el programa Acción Diferida por Llegadas de la Niñez, conocida como DACA (por sus siglas en inglés), una iniciativa de la era Obama que otorga algunas protecciones a aquellos que ingresaron sin documentación a los Estados Unidos cuando eran niños.

Sin embargo, Pérez, una estudiante júnior en estudios de género y sexualidad en la Universidad de California, en Riverside, nunca ha podido hacer algo que la mayoría de los estudiantes dan como un hecho: obtener un préstamo para financiar sus estudios. Ella demandó a una banco –Wells Fargo–, institución que la rechazó, alegando su política de negar préstamos a solicitantes con un estatus migratorio ilegal.

La demanda, que busca el estatus de representación grupal, es una de las primeras en desafiar las políticas comunes de la industria bancaria que hacen difícil para los estudiantes indocumentados financiar la educación superior. El caso fue presentado en la corte federal de San Francisco, con la participación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de California como demandante.

"Nuestra posición es que los bancos deben tomar este tipo de decisiones de préstamo basados en una evaluación de riesgo", dijo Ossai Miazad, abogado que representa a Pérez. "Descartar ese aspecto completamente y negar a las personas en base a su estatus migratorio es discriminatorio", añadió.

La mayoría de los prestatarios estudiantes dependen de los préstamos respaldados por el gobierno federal, pero los estudiantes indocumentados no son elegibles para los préstamos federales. Por lo tanto, los estudiantes indocumentados que deseen pedir préstamos deben recurrir a prestamistas privados, que generalmente conllevan menos protecciones –y, a menudo, tasas de interés más altas– que los préstamos federales.

Ninguna ley prohíbe a los prestamistas hacer préstamos a los prestatarios indocumentados que posean información de identificación como un número de Seguro Social, que Pérez tiene. Aún así, este es un área donde los bancos pisan con mucho cuidado.

Entre cinco de los mayores emisores de préstamos estudiantiles del país, dos –Discover Bank y Sallie Mae– dijeron que hicieron préstamos a estudiantes indocumentados bajo ciertas circunstancias.

Discover "no diferencia entre los prestatarios basados en el estatus del DACA y prestaría a esas personas si calificasen de otra manera", sostuvo Robert Weiss, portavoz de la compañía.

Sallie Mae, por su parte, hará préstamos a estudiantes calificados inscritos en el DACA si tienen un cogarante que sea ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente, manifestó Rick Castellano, portavoz de la empresa.

Esos préstamos suelen ser más caros que los préstamos federales. En los Estados Unidos, para los estudiantes de pregrado universitario, el tipo de interés de los préstamos federales desembolsados este año se fija en 3,76%. (Los préstamos también tienen un honorario administrativo de alrededor del 1%). Las tarifas que Discover y Sallie Mae ofrecen varían según el prestatario, pero pueden superar el 11%.

En otros bancos, incluso los préstamos estudiantiles de alto interés no pueden ser obtenidos por los prestatarios indocumentados. Wells Fargo y PNC Bank dijeron que requerían que los estudiantes prestatarios tuvieran la ciudadanía estadounidense o el estatus de residente permanente. Citizens Bank no proporcionó detalles sobre su política.

"Wells Fargo entiende el sueño de seguir una educación superior y seguimos enfocados en nuestras prácticas de préstamos responsables para ayudar a los residentes temporales y permanentes, así como a los ciudadanos de los Estados Unidos, a obtener financiamiento estudiantil", dijo Jason A. Vásquez, portavoz de Wells Fargo, en respuesta a la demanda de Pérez.

Los prestamistas enfrentan desafíos únicos en la extensión del crédito a los prestatarios que no están legalmente en el país. Los estudiantes con estatus del DACA pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos, pero ese derecho podría desaparecer si el programa se reduce o se elimina.

Sin embargo, muchos bancos, incluyendo Wells Fargo, emitirán tarjetas de crédito a los prestatarios indocumentados. Pérez tiene varias tarjetas de crédito (de bancos que no son Wells Fargo) y las usa para ayudar a pagar su matrícula, a una tasa de interés mucho más alta que un préstamo estudiantil.

El destino del programa DACA y de los 750.000 jóvenes inmigrantes en él es uno de los problemas de inmigración más espinosos que enfrenta el presidente Trump.

Creado en el 2012 por el entonces presidente Barack Obama a través de un decreto, el programa ha permitido a cientos de miles de personas que, siendo menores de edad llegaron a los Estados Unidos, a obtener trabajo, obtener títulos universitarios y vivir abiertamente en el país donde fueron criados. Muchos están preocupados de que perderán esas protecciones bajo Trump, quien se ha movido para revertir las políticas de inmigración de Estados Unidos.

Pérez dijo que estaba profundamente preocupada por el futuro del programa DACA y acerca de cómo las acciones de Trump la afectarían a ella y a su familia. Pero también tiene preocupaciones inmediatas: cómo pagar por sus próximos meses de escolaridad.

Por el momento, trabaja como organizadora comunitaria y usa sus ingresos y préstamos de tarjetas de crédito para financiar su educación.

"Estoy considerando tener que abandonar o recortar, porque no puedo llegar a fin de mes", dijo Pérez.

Thomas A. Sáenz, presidente del Fondo Mexicano de Defensa Legal y Educación, que ayudó a Pérez a entablar una demanda, dijo que ampliar el acceso a los préstamos estudiantiles fue un tema crítico para miles de personas.

"Esperamos que las empresas entiendan que este tipo de discriminación no es admisible, independientemente de cómo la gente pueda erróneamente concluir que la retórica de la nueva administración puede cambiar las cosas", dijo Sáenz. "No cambia lo que proporcionan las leyes contra la discriminación", finalizó.