La sala penal de la máxima instancia judicial del país, tras tener "cajoneado" por más de siete meses el expediente de la acusación por usurpación de funciones públicas a la suspendida defensora general del Ministerio de la Defensa Pública, Noyme Yore Ismael, ya se encuentra elaborando la resolución sobre la impugnación que presentó el camarista en lo penal, Arnulfo Arias, contra la inhibición de su colega,Agustín Lovera Cañete.
Desde el 13 de julio del 2016 está "paralizada" la causa de Yore en la Corte y hasta la fecha aún no se tiene resolución sobre quién será el camarista que integrará el Tribunal de Apelaciones, que analizará el incidente de excepción legal de falta de jurisdicción planteado por uno de los abogados imputados, Cristhian David Figueroa,quien presentó dicha medida con el objetivo de que el proceso penal se traslade al Juzgado de Filadefia, Chaco.También se tendrá que analizar la recusación que pesa sobre la jueza de garantía,Griselda Caballero.
Los ministros Sindulfo Blanco, Miryan Peña y el camarista Gustavo Santander conforman la sala penal de la CSJ. Ayer el proyecto de resolución sobre la competencia de los camaristas Arias y Lovera Cañete pasó al magistrado Santander, quien deberá estudiar y emitir su voto sobre la impugnación presentada por uno de los miembros del Tribunal de Apelaciones.
Una vez que el proceso penal se destrabe en la Corte, el expediente deberá bajar a la Cámara de Apelaciones tercera sala, que integran los jueces Cristóbal Sánchez,José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete o Arnulfo Arias, quienes deberán expedirse sobre las chicanas jurídicas que se encuentran pendiente.
USURPACIÓN
Están acusados por el delito de usurpación de funciones públicas, Noyme Yore Ismael, Lorenzo Vera Gamarra, Sindulfo Alegre Aquino, Cristhian David Figueroa, Carlos Molinas Bernal y Vivian Valenzuela Galeano. Todos los procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión, dictada por la jueza Caballero, quien dispuso que Yore comparezca mensualmente al juzgado para la firma del acta judicial, además de la prohibición de cambiar de domicilio y una fianza total de G. 646 millones.
La imputación de los fiscales Josefina Aghemo y José dos Santos señala que el 5 de agosto del 2013 Yore Ismael, en su carácter de defensora general del MDP, nombró como defensores públicos interinos de la ciudad de San Pedro del Paraná a los abogados Vivian Valenzuela y Carlos Molinas; días después, específicamente el 30 de agosto del mismo año,Yore designó como defensor público interino de la ciudad de Vallemí al abogado particular Sindulfo Alegre Aquino, mientras la defensora de dicha ciudad,Nilsa Ávalos, se encontraba comisionada a Asunción.
Asimismo, el 7 de mayo del 2014, Yore tomó la determinación de nombrar al abogado Cristhian David Figueroa a ocupar el cargo de defensor público de la ciudad de Filadelfia; veinte días después,designó como defensor público de la ciudad de Alberdi al abogado particular Lorenzo Ramón Vera Gamarra.
Al designar a abogados particulares como defensores públicos, Yore habría violado el artículo 23 de la Ley Nº4.423/11, que señala que la CSJ es la encargada de designar a los defensores públicos previas elección en ternas por el Consejo de la Magistratura, según expresa la imputación fiscal.
MAL DESEMPEÑO
Por supuesto mal desempeños en sus funciones, el Jurado de Enjuiciamiento suspendió a Noyme Yore. La denuncia fue hecha por el actual Defensor del Pueblo,Miguel Ángel Godoy. El detonante fue el reclamo de 65 reclusos de las penitenciarías de Tacumbú y del Buen Pastor, quienes revelaron que no son atendidos correctamente por sus respectivos defensores públicos.
En su última sesión de plenaria del 2016, la Corte decidió hacer efectiva la suspensión que pesaba sobre la defensora general, quien además fue separada del cargo hasta tanto el JEM tome una determinación final, sobre si la destituye o le aplica una sanción más leve. En reemplazo de Yore, la Corte designó de forma interina a la defensora adjunta en lo penal, Selva Morel de Acevedo. La misma es una antigua funcionaria del MDP.
MILLONARIA DEUDA
La administración de la defensora general suspendida, Noyme Yore, dejó al Ministerio de la Defensa Pública una deuda con los proveedores y otros de G.12.653 millones. La Nación accedió a documentos donde se detallan las cuentas que tiene la Defensoría y que deben ser abonadas por la nueva administración.
El informe menciona que en el rubro de inversiones,consistentes en la compra de equipos informáticos,adquisición de equipos de video conferencia, así como la compra y colocación de mamparas y un anticipo de la obra para la sede central del MDP, la entidad adeuda un total de G. 8.334 millones a diferentes proveedores. En este caso, lo más llamativo es el anticipo para la construcción de la nueva sede de la Defensoría, donde se debe desembolsar la multimillonaria suma de G. 6.016 millones.
La segunda deuda que tiene el MDP alcanza la suma de G. 3.475 millones, correspondiente a la compra de neumáticos, servicio de gestión de eventos desde el 2015, así como alquileres de locales de la Defensoría en el interior del país y otros. En el rubro combustible, la Defensoría debe abonar a Petropar la suma de G. 843 millones por el consumo de combustibles de los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre del 2016.