Facsímil del oficio de la orden de detención.[/caption]

A raíz de la dudosa y extraña inhibición de los jueces de Filadelfia, Chaco, Juan Carlos Olmedo y Marisol Fernández, el expediente recorrió cientos de kilómetros hasta llegar a Villa Hayes, donde los magistrados de sentencia Christian Bernal (Presidente), Sonia Villalba y Blas Cabriza, aceptaron juzgar a los procesados en la causa caratulada "Carlos Antonio Duarte Mendoza s/ Introducción, posesión y tráfico de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas -marihuana". Se trata de un caso en el que se investiga el decomiso de unos 1.000 kilos de marihuana que estaban para ser traficadas a Bolivia en diciembre del 2009 y que fueron decomisadas por la Senad en alto Chaco.

El presidente del colegiado, Christian Bernal, firmó además la detención de Jorge Amado Morínigo Vera y Leonor Gonzaga Benítez, quienes aparecen acusados de participar dentro del operativo del tráfico de esta sustancia. Igualmente, se han remitido los oficios a la comandancia de la Policía Nacional para que pueda iniciar la búsqueda de los dos imputados. Ambos se encuentran prófugos de la justicia actualmente. Este caso ya tuvo un primer juicio, en el cual, Morínigo y Gonzaga fueron absueltos de culpa y pena. Sin embargo, dicha sentencia se anuló por pedido de la Fiscalía y ahora ambos deberán enfrentar un nuevo juicio oral.

Además de los dos citados más arriba, también estarán sentados en el banquillos de los acusados Carlos Antonio Duarte Mendoza, Hugo Javier Duarte Cabral, quienes también forman parte de este "equipo" que fue detenido con la droga.

Este caso estuvo a punto de quedar impune debido a las diversas inhibiciones de los jueces del Chaco. Finalmente, el tribunal de sentencia fijó para los días 13,14 y 15 de febrero el juicio oral para los cuatro acusados. En la audiencia oral se discutirá la responsabilidad de cada uno de los que están procesados y la misma se desarrollará en la sala de juicio orales del Poder Judicial de Villa Hayes, ubicado en el edificio Bohemio. El juicio debe iniciarse a las 08:30 según la resolución del tribunal de sentencia.

Drogas incautadas en el procedimiento.[/caption]

Corte sospecha inhibición irregular

La Corte Suprema de Justicia sospecha que la inhibición de un juicio por narcotráfico de los jueces Olmedo y Fernández sería irregular y es por ello que ordenó de inmediato la realización de una auditoría de gestión jurisdiccional en la causa. La decisión de iniciar la investigación fue firmada por la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa. En este caso ya se había apartado el magistrado Fidelino Aquino, quien alegó que fue defensor de los acusados, cuando el mismo se desempeñaba como defensor público en el 2012.

El juez Olmedo no supo cómo explicar su inhibición ni tampoco el motivo del porqué fijó primeramente para los días 29 y 30 de diciembre del 2016 la realización del juicio oral para los cuatro acusados. En su defensa, el magistrado dijo que se apartó del proceso penal porque ya había integrado el tribunal de sentencia como miembro suplente. Según fuentes judiciales, el juez Olmedo tuvo el expediente judicial en su poder durante varios días y luego tomó la sorpresiva determinación de inhibirse del caso sin mayores fundamentos.

A su vez, la jueza Marisol Fernández, fundó su inhibición del juicio expresando que ella no es del fuero, por lo tanto no corresponde que integre el colegiado para el citado caso. Asimismo el juez Aquino se excusó señalando que fue defensor público en el año 2012 y en tal función asistió jurídicamente a los acusados.

Llamativa absolución

El tribunal de sentencia integrado por los jueces Arsenio Yuruhan, Francisco Núñez y Eduardo Medina de Filadelfia habían absuelto de culpa y pena a los acusados Jorge Amado Morínigo y Leonor Gonzaga Benítez, mientras que condenó a Carlos Antonio Duarte Mendoza, a 8 años y a Hugo Javier Duarte a 7 años de cárcel.

El fiscal Andrés Arriola apeló la resolución del colegiado y la cámara de apelaciones conformada por Ricardo Medina, Leonardo Páez y Teresa Gauto finalmente anuló la decisión de los jueces de sentencia y ordenó que se haga un nuevo juicio para los cuatro procesados.

El procedimiento para la incautación de los casi 1.000 kilos se llevó a cabo en diciembre del 2012 en Mariscal Estigarribia, Chaco. Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron detener dos camiones que transportaban postes de eucaliptos y dentro de la misma se encontró la droga.

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