Unos G. 1.100 millones como fianza y otras medidas para evitar la prisión deberán cumplir Rafael Valdez y Miguel Ángel Riera, presidente y vicepresidente, respectivamente, de los bomberos amarillos. La otra semana completan el proceso de imposición de medidas los otros 9 miembros del directorio que están imputados.

El presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP-Amarillo), Rafael Valdez, y el vicepresidente de esta institución, Miguel Ángel Riera, se salvaron de pisar la cárcel de Tacumbú y fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión en el proceso penal que soportan por supuesta estafa y producción de documentos no auténticos, en la investigación por la serie de irregularidades en el manejo administrativo y financiero del directorio de los bomberos.

La pesquisa fiscal, que se inició el 23 de noviembre pasado, se dio tras la serie de notas que publicó La Nación des de setiembre del año pasado, cuando este diario empezó a divulgar las anormalidades en las rendiciones de cuenta del directorio al Ministerio de Hacienda.

Ayer, el juez penal de garantía, Gustavo Amarilla, impuso al actual titular del CBVP Rafael Valdez una fianza real –garantía de inmueble– de G. 700 millones, así como la prohibición de salida del país, la comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial y la prohibición de cambiar de domicilio.

Con respecto al vicepresidente, Miguel Ángel Riera, quien llegó prácticamente escoltado por su abogado Arturo Daniel, el magistrado dispuso una fianza real de G. 400 millones, más la prohibición de salir del país, la comparencia mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial, así como también tiene prohibido cambiar de domicilio. En caso de violar las medidas resueltas por el juzgado se revocará de inmediato y los imputados deberán ser remitidos al penal de Tacumbú, de acuerdo a lo resuelto por el magistrado.

Con relación a la prohibición de acercarse hasta la sede del CBVP, el juez Gustavo Amarilla aclaró que eso nunca fue pedido por la Fiscalía. "Dicha medida cautelar no fue solicitada por el Ministerio Público y es por ello que no he tomado tal determinación", señaló. Agregó igualmente que "si la Fiscalía cambia de postura y pide que los imputados ya no se acerquen al CBVP, dicho pedido se analizará y se resolverá conforme a derecho", manifestó el juez.

El pedido de no acercarse a la sede del CBVP es fundamental en una causa en la que se investiga posibles manejos fraudulentos, como ocurre en este caso. En la causa que involucra al directorio de los bomberos amarillos se investiga presunta adulteración de balances, la utilización de fondos que no correspondían al directorio y la presentación ante Hacienda de documentos (facturas principalmente) que no fueron pagadas con plata del Estado, pero que el directorio igual presentaba para justificar su gasto ante la cartera estatal.

"Tenemos todos los elementos para demostrar que es una acusación falsa la que formuló el Ministerio Público", expresó un sonriente Rafael Valdez a la salida del Poder Judicial. Añadió: "nosotros en una asamblea hemos explicado todo y la institución ha convalidado lo que hicimos",afirmó, haciendo referencia a la asamblea del pasado12 de octubre del 2016 en la que no se aclaró ni un solo punto cuestionado en las publicaciones.

Valdez restó méritos a la denuncia: "La acusación vino de Gabriel Taddey, quien no es parte de la institución y lo hizo como una represalia por haber sido expulsado por faltante de dinero". El titular de los bomberos insistió en su inocencia y dijo "vamos a demostrar nuestra inocencia con toda la documentación que tenemos".

El próximo 11 de enero deberán comparecer ante el juzgado penal de Garantía los miembros del directorio CBVP Carlos Alberto Torres, Daniel Aquino y Luciano Ramón Florenciáñez. El 18 de enero, le toca el turno a Mario Luis Gini. Al día siguiente, el 19, tendrá que presentarse ante el juez el procesado Elías José Ramírez. Los imputados Rolando Manuel Valdez y Roberto Bogado Jara tienen cita para el 24 de enero y por último, Óscar Tadeo Acuña y Ramón Meza comparecerán ante el juez el 25 de enero, de acuerdo al cronograma establecido.

Como entidad sin fines de lucro, el CBVP-Amarillo recibe un aporte estatal que el directorio debe justificar cada año. En ese sentido, desde el 2014 hasta fines del año pasado, Hacienda le transfirió a los bomberos amarillos unos G. 10.100millones.

Entre la serie de irregularidades publicadas por La Nación Investiga sobre el caso de los bomberos, resalta la compra de equipos "fantasma" que hizo el directorio en el 2015, por unos G.967 millones, de la empresa Circumpunto SRL, firma que pertenece a Daniel Aquino Rivas, comandante de los bomberos y actual miembro del directorio.

Dentro de lo que fue publicado por La Nación, se evidenció igualmente que existía todo un sistema que permitía un manejo sin control del dinero que los bomberos de todo el país recaudaban cada año, además de las donaciones y de los aportes que el directorio recibía cada año por parte del Estado paraguayo.

El sistema incluía la modificación de balances de algunas compañías, el uso de facturas con contenido falso para justificar gastos, entre otra serie de procedimientos financieros llamativos. En los balances presentados por el directorio nacional de los bomberos ante Hacienda, aparecen decenas de facturas que fueron pagadas con dinero de las compañías o por entidades ajenas a la institución. Porejemplo, aparecen documentos de ambulancias y carros hidrantes, cuyos costos de traslados fueron financiados por entidades ajenas al CBVP-Amarillo, pero que aparecieron en los balances que el directorio presentaba ante el Ministerio de Hacienda.