La jueza Penal de Garantías, María Gricelda Caballero, resolvió el viernes último la suspensión condicional de procedimiento para 35 imputados. Con esto se otorga una salida procesal a los encausados, en el caso que investiga los cobros indebidos en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Con esta medida, los imputados aceptan el hecho y ofrecen un resarcimiento como reparación del daño social.
La magistrada también otorgó el sobreseimiento definitivo a uno de los procesados, concedió la suspensión de la audiencia preliminar del ex rector de la UNA, Enrique Froilán Peralta y otros 8 acusados; y los citó para el 23 de febrero del 2017, desde las 8:00. Allí se buscará definir si la causa se eleva a juicio oral y público.
Fueron beneficiados con la suspensión condicional de procedimiento el concejal Lorenzo Mendieta Caballero, quien durante dos años debe pagar la suma de G. 2.084.000 guaraníes en forma mensual. Este dinero es en concepto de reparación del daño social y debe completar el monto de G. 50.000.000.
Asimismo, Nélida Cogliolo de González también fue beneficiada con esta salida procesal y debe abonar en concepto de reparación del daño social ocasionado mediante el pago cada mes de G. 1.389.000 por el plazo de tres años hasta totalizar la suma de G. 50.000.000. La jueza Caballero también benefició con esta medida a la joven Chiara Jorgelina Noemí Izquierdo Sosa. La reparación por daño social es de G. 100.000 mensual, durante un año, hasta completar G. 1.200.000.
Los depósitos de dinero deben hacerse a una cuenta a nombre del Rectorado de la UNA, habilitada en el Banco Nacional de Fomento y los comprobantes deben ser presentados trimestralmente ante el juzgado, como prueba de cumplimiento de la resolución. Los casos citados son solo ejemplo de la medida, ya que fueron varios.
Por otro lado, fue apartado definitivamente del caso, mediante el sobreseimiento definitivo, el mozo Jorge Arnaldo Giménez Paredes. La defensa ejercida por los abogados Dionisio Gavilán y Diana Mercedes Martínez solicitaron la salida procesal, teniendo en cuenta que el hombre ingresó a la institución en 1991 como mozo, ejerciendo dicha función desde entonces hasta la fecha. Agregó además, que al enterarse en el 2015, que cambió su rubro administrativo, fue ascendido a docente y solicitó la rectificación de dicho rubro.