El juez penal de garantía, Gustavo Amarilla, convocó a los 11 directivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP-Amarillo), imputados por estafa y producción de documentos no auténticos, para la audiencia de imposición de medidas cautelares entre el 3 y el 25 de enero del 2017.
El fiscal Ángel Ramírez solicitó al juzgado la aplicación de medidas alternativas para cada uno de los imputados, cuyo pedido será analizado por el magistrado Amarilla al momento de llevarse a cabo la diligencia judicial.
Los primeros en comparecer ante la justicia serán el presidente del Cuerpo de Bomberos, Rafael de la Cruz Valdez, y el vicepresidente Miguel Ángel Riera Manzoni, quienes fueron citados para el martes 3 de enero a las 9:00 y a las 10:00, respectivamente.
Las audiencias continuarán el 11 de enero, a las 9:00, 10:00 y 10:30, cuando deberán presentarse ante el juez los miembros del directorio del CBVP, Carlos Alberto Torres, Daniel Aquino y Luciano Florenciáñez.
Para el 18 de enero, a las 9:00, está fijada la audiencia de imposición de Mario Luis Gini, mientras que para el 19, a la misma hora, la de Elías José Ramírez.
Por su parte, Rolando Manuel Valdez y Roberto Bogado Jara tienen cita para el 24 de enero, a las 9:00 y 10:00, respectivamente. Por último, comparecerán Óscar Tadeo Acuña y Ramón Meza, el 25 de enero, a las 10:00.
Imputación
En la imputación fiscal se observa que uno de los elementos que toma la Fiscalía tiene que ver con la compra de equipos "fantasma" que hizo el directorio en el 2015, por unos G. 967 millones de la empresa Circumpunto SRL, firma que pertenece a Daniel Aquino, comandante de los bomberos y miembro del directorio. Este caso fue justamente el primero de una serie de publicaciones que inició La Nación Investiga a partir del 19 de setiembre de este año.
En el acta se menciona igualmente la posibilidad de que existan documentos no auténticos, aunque el fiscal Ramírez aclaró a La Nación que aún no se tiene certeza de que estos hayan sido creados por los miembros del directorio. No obstante, lo que sí tienen como indicio suficiente para imputarlos, es la utilización de estas documentaciones para justificar sus balances de años anteriores.
La Fiscalía tuvo que analizar 8 tomos con documentaciones, atendiendo la complejidad de este caso y ante la serie de denuncias que fueron apareciendo sobre el manejo irregular en la administración de los bomberos por parte del directorio, a fin de ir definiendo las falencias que ameriten una imputación y volver a insistir en la investigación por un periodo de seis meses, una vez que el juzgado acepte el proceso penal contra el directorio.
La imputación llegó más de dos meses después de la primera publicación de La Nación, en la que se mostró la venta "fantasma" de Circumpunto SRL al directorio, y que se fue extendiendo gracias a decenas de denuncias que fueron aportando voluntarios de todo el país.
Irregularidades
La figura de utilizar dinero ajeno para justificar el balance ante el Ministerio de Hacienda al parecer es todo un sistema dentro del manejo administrativo del CBVP-Amarillo, a juzgar por las versiones y documentos que LN Investiga recogió en los últimos meses.
En agosto del 2014, la Municipalidad de Caazapá pagó G. 35 millones para llevar a su ciudad una ambulancia conseguida gracias a gestiones de la compañía local de bomberos.
La ambulancia, de procedencia francesa, fue importada el 29 de agosto del 2014. La empresa transportadora fue WM Cargo, de Inés Beatriz Miranda, y llegó por el puerto de Caacupemí. El costo total del flete, más los gastos por el despacho, que estuvo a cargo del despachante Carlos Mereles Somers, alcanzó la suma de G. 40 millones. Sin embargo, el directorio del CBVP hizo figurar dicho monto en su rendición de cuentas ante Hacienda.
Asimismo, el directorio del CBVP-Amarillo reconoció ante la Fiscalía que jamás compró los 1.100 cascos F1 que aparecen facturados por la firma Circumpunto SRL y que fueron presentados ante Hacienda como parte de la rendición de cuentas del 2015.
Como entidad sin fines de lucro, los bomberos reciben un aporte estatal que deben justificar cada año. En ese sentido, desde el 2014 hasta junio de este año, Hacienda le transfirió a los bomberos amarillos unos G. 9.777 millones.