En la nota publicada por el diario El País, aseguran que el joven paraguayo ya cuenta con una oferta de empleo de parte de una distribuidora digital de música de Cataluña. El administrador, José Luis Zagazeta, dijo "en cuanto leí la noticia me sentí completamente identificado" y aseguró que la oferta sigue abierta para que el joven pueda retornar y legalizar su situación.
El empresario es de origen peruano y manifestó que se reflejó de inmediato en esta historia, ya que el también fue perseguido por no tener trabajo, pero que hoy día puede dar oportunidades a otros.
El hombre se ha puesto en contacto con el Foro Galego da Inmigración que considera que su oferta de empleo será determinante en el recurso contra la deportación, además de la "evidencia del arraigo social del joven".
La historia
Según informes de medios de prensa españoles, un joven paraguayo que desde los 5 años vivía en España, fue detenido y deportado una vez cumplida la mayoría de edad, por no tener un trabajo fijo en dicho país que le permita -conforme a las leyes españolas- regularizar su situación. Luego de estar detenido durante cuatro días, lo deportaron a Paraguay.
Hace menos de una semana, el joven conocido como Manuel, se encuentra en nuestro país en donde no conoce a nadie, ni siquiera a su padre o familiares que quedaron aquí. La madre manifestó estar enferma de cáncer y que requiere de su hijo, quien cuidaba de ella.
El Foro Galego da Inmigración apoya a la familia y solicita el regreso a España del joven deportado, sin embargo, el Ministerio del Interior no ha querido comentar ni valorar el caso, según el portal elpais.com
Grupos sociales a favor del joven
Paralelamente a la oferta del empresario catalán, el grupo político En Marea, presentó reclamos a la Xunta para que interceda ante el Gobierno y "poner fin a las campañas de deportación" y "abolir la legislación de extranjería" que "tiene claras señas racistas y atenta contra los derechos humanos", denuncian.
"El arraigo social de un chico de 19 años que ha vivido 14 en territorio gallego, en donde se encuentran su madre y su hermano, debería haber sido suficiente para evitar su deportación", manifiestan.
También grupos sociales han presentado una queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, planteando sus dudas sobre la legalidad de la expulsión.