Los fiscales Luis Said, Fabiola Molas y Carina Sánchez presentaron imputación en el marco de la causa iniciada a raíz del derrumbe en el Colegio Nacional de Lambaré, en setiembre de 2015, luego del resultado arrojado sobre las investigaciones de obras realizadas con los fondos del FONACIDE, asignados para la administración municipal de Lambaré, en el periodo 2012-2013.
Roberto Cárdenas Ramírez, exintendente y Guido Fernando Salcedo, ex director administrativo , fueron imputados por la supuesta comisión de lesión de confianza en carácter de coautores.
Asimismo, Carlos María Mendieta, director de Obras durante en ese periodo, Javier Villalba Cantaluppi, Neri Passi Rumich, Cristino Luis García, Alejandrino Duarte Centurion y Eladio Alcides Adorno, de distintas firmas constructoras, fueron imputados por la supuesta comisión de lesión de confianza en calidad de cómplices.
Las imputaciones se dan conforme a las sospechas fundadas de pagos superiores a los costos reales con fondos del FONACIDE en relación a la construcción y readecuación de 14 instituciones educativas y una supervisión en la ciudad de Lambaré durante el periodo mencionado.
La imputación incluye el delito de actividades peligrosas en la construcción, respecto a Alejandrino Duarte Centurión, Neri Passi Rumich y Cristino García Ocampo sobre las sospechas fundadas de la ejecución de las firmas contratadas por la comuna lambareña, para varias obras en dichas instituciones educativas que no reunirían las condiciones básicas edilicias y de seguridad necesarias para el fin para el cual fueran proyectadas; albergar a alumnos y docentes en su educación diaria.
Los imputados quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Lambaré, a cargo de Hugo Camé.
Antecedentes
Conforme a la hipótesis fiscal, lash contrataciones abrían sido realizadas a instancias de entonces intendente Roberto Cárdenas, de manera discrecional, sin observar las disposiciones relativas a toda obra pública. (Ley 3966/11 Orgánica Municipal, Ley 4758/12 que crea el FONACIDE, Ley 2051/03 De contrataciones y sus modificaciones) de modo a evitar el control por parte de los organismos correspondientes.
Estos hechos habrían causado un perjuicio patrimonial de G. 1.626.941.221 (mil seiscientos veintiséis millones, novecientos cuarenta y un mil, doscientos veintiuno) conforme a los resultados de las pericias del Ministerio Publico.