La mortalidad materna es un flagelo de dimensión global. Es la principal causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva, ya que diariamente más de 830 mujeres y niñas mueren a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto; lo que se traduce en unos 303 mil fallecimientos de mujeres durante el embarazo o el parto, según las cifras actualizadas al 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para el citado organismo, la atención especializada antes, durante y después del alumbramiento es clave para salvar la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. Esta es una regla que, en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que rigen a nivel mundial, en el Paraguay viene aplicándose con esperanzadoras estadísticas en los últimos años.

Así, a través del programa #CeroMuertesEvitables se pudo reducir en Paraguay la tasa de mortalidad materna de 103 a 95 y la neonatal de 10,6 a 8,5 por cada mil nacidos vivos, según revela un informe que fue presentado esta semana por el Ministerio de Salud. Esto implica que mediante esta movilización nacional iniciada el 19 de junio del 2014 se alcanzó a disminuir en 15,1% las muertes maternas y de recién nacidos en 2%.

Lógicamente estos números alientan y estimulan a continuar incansablemente con estas políticas en favor de la salud pública, pero hay que mantenerlas en el tiempo, de tal suerte a que se conviertan en una herramienta del Estado que no esté sujeta solamente a un gobierno específico, sino que perduren con el tiempo.

Para lograrlo, se deben seguir incentivando varias estrategias, como, por ejemplo, el denominado Código Rojo, que posibilitó la capacitación de 3.237 profesionales de la salud, para la atención oportuna del parto. Asimismo, se mejoraron la infraestructura y equipamiento de los hospitales, donde el Estado paraguayo ha destinado recursos para renovar estructuras, mobiliarios e insumos hospitalarios.

En una palabra, el Gobierno ha insistido en resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención de la salud reproductiva, materna y neonatal y también ha puesto énfasis en el acceso a ellos, que ha sido uno de los grandes déficits en materia de salud pública en nuestro país.

Sin embargo, estos números están empezando a revertirse ahora, a tener una mejor perspectiva para los próximos años, según los datos revelados esta semana por las autoridades sanitarias.

Aunque aún los números despiertan la alarma, la disminución observada tras la campaña realizada en los últimos dos años demuestra que lograr una cobertura sanitaria universal para una atención integral a la salud reproductiva, materna y neonatal, así como abordar todas las causas de mortalidad materna son claves para avanzar hacia los objetivos trazados por nuestro país ante las Naciones Unidas, en el marco de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 2016-2030.

Atrás quedaron los años en que la mayoría de los hospitales públicos se encontraban desabastecidos y adoleciendo necesidades de todo tipo. Hoy, hay una mayor inversión estatal hacia estos centros hospitalarios, aunque la cartera de salud admite que aún falta mucho por hacer, especialmente en las regiones más despobladas del país, como, por ejemplo, en el Chaco paraguayo.

Pero no solo se ha insistido en equipar y proveer insumos a los hospitales, también se ha hecho hincapié en lo que tiene que ver con la capacitación y se ha mejorado lo concerniente a los recursos humanos, otra fase clave para alcanzar los objetivos propuestos.

Así, fusionando y aunando esfuerzos de recursos humanos con más infraestructura, equipamiento e insumos, la meta que el ministro Antonio Barrios se propuso alcanzar en los próximos años –la del 20%– no está lejos de poder convertirse en realidad. La voluntad política ya la han dado, y las estadísticas se han convertido en realidad de manera paulatina.