Por Pablo Noé

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Director periodístico La Nación TV

Los niveles de hartazgo en la sociedad paraguaya están llegando a un punto tan alto que la justicia por mano propia comienza a plantearse como la única alternativa válida para la defensa de los bienes, partiendo de la propia vida.

Estamos embarcados en un espiral de violencia que las fuertes represalias de los grupos de vecinos son aplaudidas por otros ciudadanos que toman fuerza para replicar estos modelos en sus comunidades.

El producto de este escenario es una combinación muy conocida, la negligente y cómplice actuación judicial que transformó la legislación actual en un sistema de puertas de entrada y salida de sospechosos, que transitan en un vaivén constante, sin que se pueda instalar de manera tan siquiera sutil, la sensación de justicia como el factor que acompaña todo la estructura del sistema penal.

Las respuestas legislativas de endurecer penas, movidas por un populismo barato que solo intenta captar la atención de los medios de prensa y de potenciales votantes, sin que exista una propuesta profunda de fondo, poco y nada colabora a dar seguridad a la gente que sobrevive en medio de temores y llorando pérdidas, muchas veces irreversibles.

En esta combinación explosiva, uno de los factores fundamentales es la Policía Nacional, que con un gatopardismo increíble, en un instante aparece cumpliendo su rol para el que existe, como protectora de las personas y al otro se erigen como los protagonistas directos de los hechos delictivos que más conmueven a la población.

Ese manto de dudas que envuelve a un importante porcentaje de los agentes uniformados, no hace más que profundizar el desánimo de los paraguayos, que esperamos, en vano, acciones concretas para calmar tanta incertidumbre.

En contrapartida, una ciudadanía indefensa no solo comenzó a utilizar la justicia por mano propia como la manera efectiva y contundente que tiene para repeler el avance de los delincuentes que se multiplican en las calles de todo el país, sino que empezó a asimilar que esta es la respuesta válida ante el fracaso institucional de los organismos encargados de administrar la justicia y que ostentan el monopolio del uso de la fuerza para defender el orden público.

Cada vez más lejos del análisis queda la maldita condición social en la que sobrevivimos los paraguayos. Nuestra sociedad es producto claro de la falta de garantías reales de acceso a la educación, la salud, un empleo digno para la gente, que sin posibilidades reales de desarrollo profesional y personal, no encuentra opciones para una vida digna.

Las comunidades comenzaron a organizarse para avanzar en esta línea de autodefensa para sobrevivir a la inseguridad. Lo doloroso es que esta decisión parece incuestionable, cuando enfrente nada tienen para intentar esbozar otras opciones que doten, desde la dignidad, garantías de desarrollo.

No existe una mirada humana al tema, en donde las instituciones funcionen, primero para dotar de elementos para potenciar los valores de los ciudadanos y luego para administrar la justicia necesaria que garantice igualdad para todos.

Estamos entrando en un camino sin salida, y para peor de cuentas, ni siquiera somos conscientes del terreno fangoso en el que nos estamos involucrando de manera lenta pero sostenida. Quizá en este esquema ya no exista una posibilidad de dar marcha atrás, antes que sea demasiado tarde. Es absolutamente comprensible esta decisión de la gente dentro de la realidad en la que estamos viviendo.

Dolorosamente hay que bajar la cabeza, asintiendo que es una consecuencia lógica, ante tanta injusticia, luto y dolor. Ojalá que las autoridades entiendan la gravedad de los hechos y comiencen a trabajar por un país mejor para todos y no solo para defender sus intereses.