Respondiendo a criterios poco favorables a la salud financiera de los recursos estatales, la Cámara Baja dio esta semana su acostumbrada muestra de informalidad con la aprobación del presupuesto público del próximo año. Inflado e irresponsable son las palabras que definen el desempeño de los legisladores que en su sesión extraordinaria del lunes pasado aprobaron con modificaciones el presupuesto que regirá en el 2017. Se dio acuerdo a subas salariales, bonificaciones a funcionarios y otros beneficios, sobrepasando claramente el límite de gastos y vulnerando la Ley de Responsabilidad Fiscal que, como ocurre cada año, los políticos se comprometen no exceder.

Los parlamentarios dieron un aumento del 7,2% a los funcionarios en general que perciben apenas el salario mínimo, con la salvedad que este incremento empezará a desembolsarse en el segundo semestre del 2017. El ajuste también alcanza a los uniformados, en este caso a militares y policías; y paralelamente, se aprobó subir un 12% el sueldo a los docentes y al personal de blanco.

De esta forma, el presupuesto 2017 aprobado en Diputados asciende a 69,168 billones de guaraníes (unos 12.600 millones de dólares), lo que representa un incremento del orden del 4,2% con respecto a los recursos previstos para ese año fiscal. Inflado.

Todos reconocen que hay sectores del funcionariado público, en especial a los trabajadores afectados a áreas muy sensibles como la educación o la salud, que necesitan ganar más, que precisan una motivación económica para continuar con su delicada misión. Es entendible el enojo de los gremios y sindicatos –tanto de maestros como de trabajadores de la salud que reclaman un aumento de al menos el 23%–, pues consideran insuficiente el incremento sancionado. Sin embargo, este reconocimiento a la labor que desempeñan no puede ignorar la falta de fuentes de financiamiento que hoy arrastra el Estado para honrar esos compromisos. Si se accede a estos pedidos, se tendrá necesariamente que descuidar otras áreas o, lo que es peor, seguir endeudando al Estado.

Por boca del propio ministro de Hacienda, Santiago Peña, el que administra y conoce a profundidad la salud de los números fiscales, se explicó que el Estado puede asumir un aumento de hasta el 7,2% para los empleados estatales, haciendo un poco de reingeniería financiera. Pero admitió que no tendrá los recursos suficientes para hacer frente al incremento que aprobaron en la Cámara Baja.

La determinación de los diputados es además un asunto extraño, una tomadura de pelo, puesto que ellos mismos habían aceptado respetar y no excederse en la propuesta original acercada por el Poder Ejecutivo al Congreso. De nuevo, han pisoteado su palabra, a la que han relativizado con conductas que no favorecen en absoluto a la buena gestión.

Pero la intención de los legisladores va mucho más allá. La decisión tomada por los Diputados, y que ahora deberá continuar su recorrido legislativo con el estudio en la Cámara de Senadores, donde se teme que el presupuesto sea nuevamente inflado, supone ya un adelanto de lo que será la campaña electoral del próximo año.

En el 2017, todos los partidos políticos estarán a pleno en la batalla electoral a través de las distintas internas para definición de candidaturas a la variedad de cargos electivos y el sector de los empleados estatales siempre es buen botín para los políticos. Por tanto, todo "favor" que pudiera capitalizar el aprovechamiento de la clase política para obtener votos siempre es incentivado con entusiasmo.

Pero ésta no debe ser la práctica de los mandantes del pueblo, y más aún cuando la intención apunta a sacar provecho electoral; el patriotismo y las buenas acciones en la administración del dinero público imponen decoro, responsabilidad y seriedad de los legisladores.

Aunque aún falta la aprobación en el Senado, donde tampoco se descarta que puedan haber ajustes, el Poder Ejecutivo ya analiza las acciones a tomar. En la evaluación que hacen en el Gobierno incluso se analiza el veto a la Ley del Presupuesto General, lo que dejaría sin efecto los ajustes que eventualmente puedan darse en instancia legislativa.

Y el argumento respondería exclusivamente a criterios de falta de financiamiento. Este análisis parece ser el más sensato, atendiendo precisamente que la opción, el desfinanciamiento o el endeudamiento, no es la mejor salida para el país.