El sistema de reajuste del salario mínimo de los trabajadores, sometido a un registro de un diez por ciento de inflación –que tenía que ser aprobado por el Banco Central, con un registro de precios caduco que incluía hasta el precio de las velas de sebo, con escasa incidencia en la canasta familiar, pese a la tenacidad de la Ande para retornarnos al pasado–, era un anacronismo histórico de la primera era industrial cuando el trabajador era un elemento desechable en la cadena de producción; increíblemente fue mantenido desde los abusivos tiempos de la dictadura hasta nuestros días, tras casi tres décadas de transición a la democracia.

Uno de los muchos anacronismos que aún se mantienen gracias a una transición dilatada y a un modernización postergada de acuerdo a las conveniencias de ciertos poderes fácticos aferrados a la explotación; no es casual que Paraguay tenga los salarios más bajos de la región y que gran parte de la fuerza de trabajo nacional vaya a Argentina, o a España, donde, como está siendo muy comentado en estos días, es muy apreciada, a despecho de la depreciación que tiene internamente.

La nueva propuesta del ajuste salarial anual automático planteada por el Gobierno y consensuada con los sindicatos es una reivindicación esencial y que, en cierta medida, restablece el poder adquisitivo y el respeto a los trabajadores y su categorización como actor fundamental del progreso, progreso que les corresponde también por méritos propios. Sin duda, uno de los logros progresistas del actual gobierno hacia una democracia moderna y justa.

Afortunadamente, los senadores –mayoritariamente– lo han entendido así y han dado trámite positivo a que la justicia social vaya ganando espacio en este lento proceso de transición hacia la democracia y la modernidad, pese a que algunos, que incluso esgrimen las banderas de las reivindicaciones sociales, hayan estando haciendo lo posible para boicotear el avance reivindicativo, hasta el punto que algunos hayan sido declarados personas no gratas por los gremios laborales.

El maniobrerismo de ciertos senadores, tratando de boicotear el proyecto para evitar un logro político del Gobierno resulta vergonzante, ya que no se puede especular con el electoralismo cuando se trata de leyes relevantes para gran parte de la sociedad nacional.

• Políticos autocalificados de progresistas y empresarios que se niegan a la modernización, porque supuestamente están preocupados por el bienestar de los trabajadores, están mostrando ante la reivindicación de un salario mínimo ajustable a la realidad su catadura, su pensamiento retardatario, su indecencia máxima irreparable.

Y hay que aplaudir que gran parte del empresariado haya tomado el proyecto con una visión positiva, aunque sigue también campeando el cinismo de cierto sector empresarial que basa su rechazo en "la realidad" de que solo el 25% de los trabajadores cobran el salario mínimo, con lo que los beneficiados son menos que los perjudicados con el efecto inflacionario; a que hay un alto porcentaje que figuran con el mínimo, aunque ganan más, para pagar menos IPS, y que hay una gran mayoría que están por debajo del mínimo, a los que no les alcanza el beneficio.

Es un argumento cínico, una declaración pública de falta de acatamiento de la ley por parte de ese sector del empresariado, ya que si hay una gran mayoría que no cobra salario o que figura con menos de lo que cobra, o que directamente no existe en los registros, es porque hay una tremenda falta de acatamiento del empresariado a la ley laboral, es decir, y esto es sabido, que no respetan las leyes laborales, es decir, explotadores de los trabajadores porque hay una gran mayoría de empresarios que no están cumpliendo con la ley, como es sabido y denunciado, y que quieren utilizar su incumplimiento como justificación de que la injusticia sigan campeando.

Políticos autocalificados de progresistas y empresarios que se niegan a la modernización, porque supuestamente están preocupados por el bienestar de los trabajadores, están mostrando ante la modernización de un salario mínimo ajustable a la realidad su catadura, su pensamiento retardatario, su indecencia máxima irreparable.

Es una lástima que la asamblea de la Conferencia Episcopal no haya incluido este tema entre sus preocupaciones, cuando se está reparando una injusticia histórica.