Paraguay produce alimentos para el equivalente de casi nueve veces su población, pero, sin embargo, el 10% del total de paraguayos enfrenta hambre y desnutrición a pesar de una década de impresionante crecimiento económico, según afirmó Hilal Elver, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. Igualmente, advirtió que la obesidad ha alcanzado el 50% de su población actual.

El porcentaje equivale a unas 700.000 personas que están en esa franja, de acuerdo con lo señalado por la relatora especial de la ONU, quien asegura que Paraguay, pese a tener la capacidad de producir alimentos para al menos 60 millones de personas, ha tenido problemas para hacer frente a la desigualdades, donde se registra una de las más altas en la región.

Afirmó que el problema central del hambre no es la falta de alimentos, sino las dificultades que los más pobres enfrentan para acceder a ellos. "Las tasas de pobreza extrema son tres veces más altas entre las comunidades indígenas y rurales que en las urbanas", señaló la experta.

Con respecto a la producción rural, la relatora de la ONU manifestó que el sector agrícola aporta alrededor del 25% del PIB, lo cual ha convertido a Paraguay en un importador neto. Sin embargo, este desarrollo a dejado atrás a los pequeños agricultores campesinos, ya que solo el 6% de la tierra está destinada para la producción de alimentos, mientras que el 94% se utiliza para cultivos de exportación. Según el informe preliminar, cerca de 300.000 familias agricultoras carecen de tierras. "Es de vital importancia implementar plenamente la reforma agraria pendiente desde hace mucho tiempo", señaló.

Afirmó, además, que las legislaciones contemplan el derecho a la alimentación. "La Constitución Nacional de Paraguay posibilita la adjudicación de derecho a la alimentación de manera implícita, no lo hace de manera directa, pero sí a través del derecho a la vida, el derecho a la salud", precisó.

Elver fue designada por el Consejo de Derecho Humanos de la ONU para realizar un monitoreo, informar y asesorar a los países y gobiernos a garantizar el derecho a la adecuada alimentación. En su primera visita oficial al país realizó observaciones y recomendaciones en torno al derecho de la alimentación, lo cual estará plasmado en sus informe final que será presentado en marzo del 2017.