Si puede existir una paradoja extrema, absurdamente extrema, en una institución pública es que las empresas contratistas del IPS, la institución que debe garantizar el seguro de los trabajadores, no tengan a sus trabajadores asegurados en IPS, como manda la ley.

Es decir, por si no queda claro, que las empresas contratadas por la previsional social, en sumas anualmente multimillonarias, no tienen previsión social. Es decir, que sus trabajadores pagados por la Previsión Social no tienen derecho a tener seguro de Previsión Social, ni ningún otro. Y así ha sido por años, por décadas, hasta que IPS ha decido exigirles hoy cumplir con la ley.

Más de una vez, sociólogos, politólogos y constitucionalistas han lanzado la crítica de que no existe el Estado paraguayo; paradoja notable, ya que se presupone que una nación funciona en base a un aparato legislativo y administrativo que la administra, llamado Estado.

Pero esta paradoja nos muestra que hasta la fecha, el Estado no ha funcionado para exigir a las empresas que trabajan con el Estado a cumplir con las leyes que rigen el Estado.

Para los analistas que han repetido esta sentencia, compartida por una gran mayoría, el hecho no es que no existe el Estado, como aparato, sino que el aparato que administra la nación no funciona como Estado, es decir, como administrador y defensor de los intereses de la nación, sino de los particulares que, por la vía autoritaria o democrática, han accedido al "poder" y han sostenido el aparato que históricamente viene administrando la Nación y han optado por mantener los privilegios sectarios, ya sean de partidos, sectores o carpas, en vez de asumir la responsabilidad del Estado, como administración del país, de todo el país, de todos sus ciudadanos.

El ejemplo del IPS es bien ilustrativo; administrado así durante la dictadura, siguió igual durante el proceso democrático de sucesivos gobiernos, es decir, contratando a empresas privadas para cumplir una función pública, sin tener la responsabilidad de cumplir con la obligación pública de garantizar el seguro de sus propios empleados.

• El ejemplo del IPS es bien ilustrativo; administrado así durante la dictadura, siguió igual durante el proceso democrático de sucesivos gobiernos, es decir, contratando a empresas privadas para cumplir una función pública, sin tener la responsabilidad de cumplir con la obligación pública de garantizar el seguro de sus propios empleados.

Así que hay que celebrar este, aparentemente, pequeño suceso, como un signo de que el Estado existe, o empieza a existir en hechos concretos.

No es el único; desde que se instauraron las leyes de transparencia pública, hay muchas señales de que hay una nueva visión de la administración estatal, es decir, señales de que el Estado existe y que, por fin, logró que se legisle el derecho de que las fuentes públicas de información son libres para todos, principio constitucional que sin ley que lo garantizase fue durante toda esta transición democrática letra muerta.

El conflicto con el aparato privado de combustibles es parte también de esta instauración paulatina del Estado. Hasta ahora, los precios se manejaban al arbitrio del sector privado, con aumentos cada vez que aumentaban internacionalmente los combustibles, pero sin la correspondiente y proporcional reducción en caso de baja de los combustibles a nivel internacional. Es decir, que el Estado no existía para establecer principios de equilibrio elementales para proteger el derecho, también garantizado constitucionalmente, de los consumidores, de los particulares, frente a los poderes fácticos.

La intervención de Petropar en el mercado del gas, combustible fundamental para los hogares de la mayoría de la población, es otra presencia esperada del Estado a favor de ciudadanos que está causando gran revuelo en el empresariado, acostumbrado a manejar los precios a su arbitrio.

Tal vez el mejor ejemplo de estos conflictos pueda reducirse con el tema del transporte público; desde los tiempos de la dictadura hasta nuestros días, los transportistas se manejaron a su antojo con un servicio pésimo y abusivo en precios arbitrarios. La intervención del Estado ha logrado en poco tiempo que el transporte se modernice y que la gente pueda viajar como gente, con un transporte moderno y con precios regulados y justos.

No se trata de una intervención estatal, como los ultraliberales denuncian. Se trata de que el estado exista y está empezando a existir. Es la condición fundamental para entrar en la historia de un país moderno y democrático como se anunciaba cuando se derrocó a la dictadura.

Es bueno constatar que hay claras señales de que el Estado paraguayo existe para garantía, en igualdad, de todos los paraguayos.