Bento Rodrigues, Brasil. AFP.

En un valle arrasado por el alud de barro que hace un año emergió de la rotura de un dique minero y mató a 19 personas en el sudeste de Brasil, una imagen incongruente: letreros muestran a un trabajador sonriente, bajo el eslogan "Comunique positivamente".

Los carteles sobresalen de la polvareda levantada por los camiones y excavadoras que operan en la zona del estado de Minas Gerais, donde se produjo lo que se considera como el peor desastre ambiental del país.

Pero 12 meses después de la tragedia en la explotación de mineral de hierro de Samarco –propiedad de las gigantes mundiales de la minería Vale y BHP-Billiton– hay poco de positivo para comunicar.

El embalse cedió el 5 de noviembre de 2015, derramando 32 millones de metros cúbicos de desechos mineros, una masa de barro suficiente para rellenar ocho estadios de Wembley y, según la ONU, cargados con peligrosas sustancias contaminantes.

El tsunami de lodo se arrastró 640 km a lo largo del Rio Doce, matando a trabajadores mineros y habitantes del cercano pueblo de Bento Rodrigues. Otras miles de personas perdieron sus casas y sus trabajos.

Samarco, cercana a la ciudad histórica de Mariana, insiste en que está haciendo todo lo posible para superar lo que considera un trágico accidente.

Pero las víctimas y los fiscales brasileños –que han interpuesto cargos contra 21 ejecutivos por homicidio calificado, así como demandas por miles de millones de dólares– cuentan otras historias.

¿Dónde están las casas?

El mayor compromiso de Samarco es construir dos nuevos pueblos para los habitantes de Bento Rodrigues y Paracatu, otra comunidad rural enterrada por el alud de barro que, sin embargo, no provocó muertos allí. A la fecha, ni un ladrillo se ha instalado. La anglo-australiana BHP, la mayor minera del mundo, y la brasileña Vale, mayor productor de mineral de hierro, aseguran que junto a Samarco están comprometidos en reparar las comunidades dañadas, la infraestructura minera y el medio ambiente.

Samarco y sus dueños enfrentan a su vez un aluvión de procesos judiciales, como las millonarias demandas de los fiscales por 155.000 millones de reales (US$ 49.000 millones) o la posibilidad de que los 21 ejecutivos denunciados enfrenten largas condenas por homicidio.

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