Buenos Aires, Argentina. AFP.

Apoyada por militantes y entre vítores, la ex presidenta argentina Cristina Kirchner pidió ayer lunes a un juez anular la causa por su supuesta discrecionalidad en la concesión de obras públicas durante su gobierno (2007-2015).

"Esto es un disparate. Es una maniobra del actual gobierno para tapar el desastre económico", dijo Kirchner en una improvisada rueda de prensa al salir del tribunal Comodoro Py, en Buenos Aires, tras comparecer ante el magistrado federal Julián Ercolini.

La ex mandataria aseguró que la causa es una "persecución política" del gobierno de derechas de Mauricio Macri, en el poder desde diciembre pasado.

Unos 5.000 militantes, según organizadores, se agolparon en los alrededores de los tribunales para expresar su apoyo a Kirchner, viuda de Néstor Kirchner (2003-2007), con quien impulsó un proyecto político con fuerte acento en ayudas sociales, incentivos al consumo interno y proteccionismo de la industria nacional.

La ex mandataria es la primera de una lista de 17 personas citadas a declarar por el juez Ercolini, que investiga si su gobierno favoreció la concesión de obras públicas a Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner preso por supuesto enriquecimiento ilícito.

PIDIÓ AUDITORÍA

La ex presidenta reclamó una auditoría de toda la obra pública, según publicó en redes sociales. "Queremos que se investigue a fondo y sin arbitrariedades ni cálculos políticos, si existió corrupción en la obra pública durante los 12 años y medio de nuestro gobierno", sostuvo.

Macri abogó por que "nunca más las obras (públicas) sean sinónimo de corrupción, como vemos con la cantidad de causas abiertas". "Queremos saber qué pasó. Todos queremos que no haya más impunidad", dijo este lunes durante un acto por inauguración de obras en Buenos Aires.

Según la acusación de los fiscales, tanto la ex mandataria como el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, conformaban junto a otros ex funcionarios una "organización criminal" para favorecer a Báez.