En la carpeta fiscal se menciona que la imputación se debió a la presunción que el ministro había tolerado que Clara Haydeé Silveira Arza, Maira Abdo Benítez, Luis María López Benítez y Zully Jacqueline Ferreira, percibieran remuneración por servicios que no prestaban para el TSJE.

Sin embargo, el magistrado electoral argumentó que no estaba enterado del sistema de trabajo de los funcionarios incorporados a su cargo. Para la Fiscalía, desconocer la actividad del personal a su cargo bastó para considerar que no se llegó a colectar suficientes elementos que ameriten la acusación.

Además, María Isabel Quintana, supervisora de Recursos Humanos sostuvo en su declaración que las planillas de Clara Silveira y Ana Arza llegaban en sobre cerrado a su departamento, desde el despacho de Ramírez Zambonini -quien entonces era presidente del TSJE-, por lo que todo debía aceptarse según órdenes verbales del entonces jefe de gabinete, Víctor Báez.

Según se relata, las planillas eran entregadas por la secretaria privada de Manuel Radice, de nombre de Rossana Alfonso, a la secretaria de la Dirección de Recursos Humanos, Cynthia Villamil, luego ella le trasladaba a María Isabel Quintana, supervisora de RRHH, quien debía firmarlas y habilitar el pago.

En tanto, siguen pendiente en el Ministerio Público los procesos de los funcionarios afectados al cobro indebido de honorarios por la supuesta mala utilización de viáticos de otros funcionarios en el ejercicio fiscal 2015, donde también están las dos supuestas trabajadoras domésticas de la ministra del TSJE, María Elena Wapenka, asignadas al registro electoral de Encarnación, donde la magistrada tiene su residencia. Por la mala utilización de viáticos también son investigados los tres ministros del ente -incluido Jaime Bestard-, pero aún no hay imputaciones.