Por Antonio López
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El comisario Sergio Paredes, los suboficiales Gustavo Narváez y Arnaldo Lezcano, y la agente Petrona Ovelar, protagonizaron la semana pasada un nuevo capítulo en la ya oscura historia de la Policía Nacional. Las evidencias del irregular actuar de los mencionados uniformados ya son parte de una imagen que, en los últimos tiempos, se vienen repitiendo y no dejan de ser preocupante, puesto que pone en el tapete a una institución que debería ser una de las más transparentes y pilares del sistema democrático.
A eso se debe sumar la desafortunada declaración de la vocera de la Policía Nacional, comisario Elisa Ledesma, quien prácticamente justificó la actuación de sus compañeros señalando que "hoy nos acusan de que somos coimeros, de que somos transadores pero, si hay oferta, es porque hay demanda.
Si hay una coima o una transa, tiene que ser de a dos". Es decir, si se le ofrece coima a los agentes, estos no se deben sentir culpables si lo reciben. Así entiendo esta declaración.
Pero lamentablemente el accionar de muchos, no todos, efectivos policiales rozan con la ilegalidad y es más, ponen en peligro a una ciudadanía que ya se encuentra en peligro por el accionar de delincuentes, y que "busca" en la Policía Nacional, algo de seguridad.
Lo ocurrido la semana pasada no es el primer caso, y hasta estoy seguro que no será el último, pero debe ser el determinante para que de una vez por todas se haga una profunda limpieza dentro de la institución.
Estoy seguro además que "el plantar drogas" en vehículo de un ciudadano cualquiera es algo que ya ocurrió (y ocurre) anteriormente, pero "lamentablemente" para los autores de este condenable hecho, la persona que resultó víctima era una mujer conocida y con cierto peso que se animó a filmarlos y denunciarlos en forma pública. Así las cosas, la "jugada" les salió mal, no como en otros casos anteriores que les pudo "haber salido bien".
Hoy los uniformados están guardando reclusión, y está bien, pero el hecho no debe quedar en eso, se debe investigar profundamente, puesto que está involucrado nada menos que jefe de comisaría (el comisario Paredes), uniformado este que por su investidura debería ser quien ponga orden entre sus subalternos.
Otro caso de "implantación de pruebas" que se dio en los últimos tiempos fue el del joven Richard Ramón Pereira, un joven que hoy se encuentra parapléjico, luego de accionar poco claro de efectivos policiales, en este caso de la comisaría Cuarta Metropolitana.
En este hecho, los presuntos responsables fueron el comisario Jorge Ignacio Zárate Barreto y el suboficial primero Jhonie Orihuela. Estos, según la denuncia, tras una persecución vehicular intentaron poner un arma en la mano de Richard, y al negarse este, recibió un balazo en la nuca.
Dos casos que marcan que la cosa no está bien, nada bien y que las autoridades nacionales deben poner fijamente la mira a la Policía Nacional. Dos hechos que muestran que la limpieza debe ser en forma profunda ya que de lo contrario puede agravarse y la ciudadanía definitivamente tendrá "mas miedo" de la Policía que de los malvivientes
Hoy la Policía Nacional está desprestigiada al máximo, y hechos como lo ocurrido la semana pasada no hace más que profundizar ese desprestigio, por lo que la única salida que queda es pensar seriamente en meter mano para realizar una histórica limpieza en la institución.