En Audiencia Pública en el Congreso Nacional, analizaron el proyecto de Ley que busca derogar a las Fuerzas de Tarea Conjunta. El senador Pedro Santa Cruz es el proyectista de la Ley "Que deroga la Ley 5036/2013 'Que modifica y amplía los artículos 2°, 3° y 56 de la Ley N° 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna", específicamente.

En el pleno, se manifestaron las inconformidades con el desenvolvimiento del grupo militar creado principalmente para contrarrestar los actos criminales de los grupos terroristas que operan en el interior del país.

Por otro lado, Elvio Benítez, dirigente campesino, expresó que varias organizaciones sociales de Concepción, San Pedro, etc., exigen la eliminación de estas fuerzas militares. "Consideramos que no colaboran nada en materia de seguridad, desarrollo, ni atención ciudadana. Sin embargo, es un organismo para delinquir y para proteger a grandes terranientes", acusó.

"Creo que esta audiencia pública es bastante oportuna y espero que sea bien útil para tomar decisiones. Creo que deben tomar las cosas con mayor responsabilidad", alegó.

En la misma oportunidad, el senador Hugo Richer afirmó que lo que está en debate es la presencia de varios grupos criminales en el país. "Y que el Estado no va triunfar en esta batalla si no se respeta los derechos de la gente. Hay compatriotas que están denunciando cosas y no se les escucha", indicó.

Agregó que cuando se dice que la gente denuncia violaciones de sus derechos, se desmoraliza a la gente de la FTC. "La única forma de defender a los militares y policías honestos es defendiendo los derechos y denunciando los abusos. Así se fortalece la institución, el estado de derecho, la democracia y así se va a vencer a los grupos terroristas", finalizó.

De acuerdo a los informes proporcionados por el Ministerio Público, el dirigente campesino, Elvio Benítez, cuenta con varios antecedentes. Fue acusado por un supuesto hecho de homicidio en el año 1993. En 1996 fue detenido en San Pedro del Ycuamandyyú por ser responsable de un asalto a mano armada y fue recluido en la penitenciaría regional de la zona.

El listado continúa en el 2004, cuando nuevamente se dictó otra orden en su contra por amenazas, hechos punibles y asociación criminal. El suceso ocurrió en la zona de General Resquín, donde habría encabezado una ocupación. Un año más tarde consigue la imposición de medidas alternativas a la prisión.

En el 2009, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lo liga a la comercialización de un cargamento de 15.000 kilos de marihuana. Su caso fue informado a la DEA (Estados Unidos). A pesar de sus antecedentes, el polémico dirigente sigue impune, arreando y aprovechándose del sector campesino.