La principal irregularidad cometida por varios sectores es la presentación de recibos comunes como justificación de gastos, lo que fue rechazado por la Contraloría General de la República. Este informe del ente contralor, sin embargo, no es tenido en cuenta por las autoridades electorales.

El ente electoral tiene disponible más de 20.900 millones de guaraníes para distribuir entre 53 agrupaciones políticas, con millonarios montos para cada una.

El argumento ahora está sustentado en que "es la primera vez que se aplica el control del dinero utilizado en las campañas políticas" y el objetivo es establecer "un cumplimiento progresivo de la normativa".

La Contraloría fue la que cuestionó el 60 por ciento de las rendiciones, pero desde el ente electoral vieron "riesgoso" pagar el 40% restante, por lo que finalmente cedieron y aceptaron los recibos comunes como comprobantes y avanzaron. Es más, el compromiso de pago ante el Ministerio de Hacienda ya se hizo en setiembre, antes que esté lista la resolución y desconociendo el informe de la unidad Técnica de Financiamiento Político de la JE.

La ley que reglamenta el Financiamiento Político establecido en el Código Electoral menciona textualmente que el importe del subsidio debe ser entregado íntegramente "una vez aprobada su rendición de cuentas y verificado el cumplimiento de las formalidades de control". La Justicia Electoral, que entró en conflicto con la Contraloría en este proceso, se tomó la potestad de aceptar los recibos comunes y aprobar las rendiciones.

Como medida de "castigo" plantea una mínima reducción del pago, pero si se toma el informe de la Contraloría las agrupaciones políticas solo deberían recibir el promedio del 40% del subsidio electoral. Las resoluciones sobre este tema no fueron dadas a conocer hasta ahora por los ministros Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Alberto Ramírez Zambonini, quienes aparentemente no estarían llegando a un consenso.