Por Benjamín Livieres Plano

Perdiodista

En el curso de los próximos días, el Congreso de la Nación tratará el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual el salario mínimo se ajustará de manera automática todos los años, en el mes de junio, adecuándolo a la inflación que se haya acumulado hasta ese momento.

Lo que para cualquiera sería una cuestión de justicia social elemental, que le dirá "adiós" a la carrera entre salarios e inflación, en la que históricamente ganó el segundo en detrimento del primero, no lo es sin embargo para empresarios y economistas funcionales a sus intereses, que lanzaron una "cruzada" para evitar que se sancione la normativa de referencia, con los mismos argumentos falsos e insostenibles de siempre.

El primero de ellos, al que recurren con mayor insistencia, es que el ajuste salarial genera inflación, que esto perjudica a toda la población y tiene efectos nocivos sobre la economía. Para refutarla basta recurrir a las estadísticas, ya que el último reajuste del mínimo se produjo en el mes de abril del 2014 y la inflación acumulada de entonces a esta parte, 2 años y 5 meses después, es de solo el 7,2%.

El segundo, que provoca desempleo, un antiguo "cháke" para justificar el congelamiento de los sueldos, lo cual tampoco es cierto. Prueba de ello es que, según datos de la Secretaría Técnica de Planificación, el desempleo absoluto se mantuvo en el orden del 5,5% y 5,8% los años 2014 y 2015, las tasas más bajas de los últimos 10 años, mientras que la subocupación, es decir la que abarca a aquellos que trabajan menos de 30 horas semanales, se redujo de 213.000 a 182.000 personas en el mismo período. Y el tercero, que muchos trabajadores ni siquiera perciben el básico, cuando lo que corresponde en este caso, en el que se están dando avances importantes, es obligar a que se formalicen los informales.

Lo más notable del tema en cuestión es que los que se oponen al proyecto del Gobierno son "férreos" defensores del libre mercado, que tiene como uno de sus pilares a la Ley de la Oferta y la Demanda. Es ésta la que fija los precios hacia arriba o hacia abajo.

Por ejemplo, si abundan los tomates, bajan los precios, y viceversa, como sucede con los demás bienes y servicios, o si sube el dólar, los productos importados se encarecen irremediablemente. Entonces, al aumento de los precios, cuyo promedio define la inflación, se rige por esa norma, no por si los sueldos se incrementan 4%, 7% o 10%, cuya incidencia sobre el conjunto es mínima.

Ahora bien, hablemos de a quiénes beneficiará la nueva política salarial. Para empezar, a 420.000 asalariados en forma directa, que representan un tercio de la fuerza laboral del país, estimada en poco más de 1.200.000. E indirectamente a una larga cadena que se ve favorecida al aumentar el consumo, incluyendo al fisco, que algo más recaudaría en concepto de impuestos.

Claro está que existen empresarios que comprenden la importancia de superar el sistema arcaico del presente, según el cual el ajuste salarial recién puede darse cuando la inflación llega al 10%, lo que acontece cada tres años, aproximadamente. Y no nos referimos a los que ahora hablan de reducir el requisito al 7%, que es casi lo mismo, sino a los que son conscientes de que sus trabajadores no pueden resistir tanto tiempo con un sueldo que tiene menos capacidad de compra y que, para ellos mismos, como empleadores, les resultará más fácil absorber un ajuste anual del 3 o 4%, que del 7 o 10%.

Para cerrar el círculo de la inequidad en el tema salarios, cuyo primer capítulo será aprobar en el Congreso el proyecto del Ejecutivo, existen otras dos cuestiones que deben ser abordadas a la mayor brevedad posible.

Por un lado, la reconsideración de los productos que componen la canasta familiar, en base a los cuales se determina el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y por el otro, redoblar los esfuerzos que ya se están haciendo en pro de una mayor formalización de la economía, hasta reducir a la mínima expresión el trabajo en negro, que convierte los derechos laborales de muchos compatriotas en letra muerta.

El Parlamento tiene ahora la palabra. Esperemos que sus miembros obren con justicia social y acompañen la propuesta gubernamental, respaldada por las principales centrales obreras y los empresarios modernos, haciendo caso omiso a las presiones de "negreros" con plata, quienes, de ser por ellos, mantendrían congelados los salarios de por vida o pagarían a sus empleados en especies, como la época del "mensú".