La nota DAI Nº 279/16 del 12 de abril de este año señala que, de acuerdo a los estudios técnicos sobre las documentaciones remitidas por el Directorio de los bomberos amarillos, la planilla de rendición de cuentas no cumple los requisitos establecidos sobre la rigurosidad a la hora de justificar el dinero que Hacienda desembolsó a esta entidad, que tiene la categoría de "sin fines de lucro".

El documento está firmado por Benerice Ortega Babañoli, jefa interina del departamento de Análisis e Informes de la dirección administrativa de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (CODE). El informe igualmente tiene la rúbrica de todos los analistas que hacen este trabajo dentro de la unidad. Entre algunas de las inconsistencias que encontraron, mencionan, por ejemplo, que no coinciden las cifras entre lo facturado y lo que describen las notas de presupuestos en el rubro de obras de construcción. En este punto, el CBPV facturó G. 30 millones con la empresa Herrería San Pedro, como supuesto proveedor.

Otro punto solicitado por los analistas es que se presenten tres notas de presupuestos para comparar la contratación de la empresa Flete Marítimo, de Inés Beatriz Miranda, a la que se pagó G. 97 millones en dicho período para traer móviles donados por vía marítima. Flete Marítimo es la "mimada" a la hora de hacer estos servicios, según las facturaciones realizadas en los últimos dos años. Como este tipo de irregularidades suman 83 casos, según el informe de esta unidad de Hacienda.

En todo el 2015, el Estado paraguayo desembolsó –a través del Ministerio de Hacienda– un total de G. 5.016 millones al CBVP-Amarillo. Según los estatutos o reglamentos de esta institución, este dinero debe ser distribuido entre las 74 compañías de todo el país. Sin embargo, desde que LN Investiga empezó la serie de notas sobre el manejo que tiene el Directorio Nacional, las denuncias sobre irregularidades no pararon.

El principal reclamo de los bomberos fue la alta de transparencia en el manejo de los fondos de la entidad y que corresponden, por un lado, a lo que recauda cada cuartel o compañía, y por otro lado, a los millonarios montos que recibe del Estado. El actual presidente de este organismo es Rafael Valdez Peralta, quien está hace 14 años en dicho Directorio, 12 de ellos como presidente.

El CBVP-Amarillo tiene una sola personería jurídica, por lo tanto, se maneja con un solo RUC para operaciones comerciales. Esto hace que las 74 compañías tengan que hacer sus transacciones utilizando este RUC y hacer llegar, cada fin de año, su balance al Directorio. Las denuncias radican en que el Directorio utiliza estas facturas –cuyos montos se pagaron con dinero de cada compañía– para presentarlo en el balance que se deriva al Ministerio de Hacienda cada año.

Mientras el Directorio administra millones, los voluntarios de las compañías deben hacer actividades extras para recaudar fondos. Desde venta de comida hasta feria e incluso fiestas, con el objetivo de cubrir lo que el presupuesto demanda. En el interior, el panorama es aún peor.

Varias de las compañías –como la de Colonia Independencia (Guairá) y Eusebio Ayala (Cordillera)– no recibieron un guaraní de lo que Hacienda transfirió al Directorio. Hace más de un mes la Unidad Canina de Rescate del Cuerpo de Bomberos, que tenía 10 años de antigüedad, dejó de operar y sus voluntarios se vieron obligados a renunciar ante constantes conflictos con el Directorio. Fundaron una ONG paralela, donde siguen brindando el servicio con perros amaestrados.