Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Josefina Aghemo de Lorenzi y José dos Santos, solicitaron ayer la elevación a juicio oral y público del caso que involucra a la principal responsable del Ministerio de Defensa Pública (MDP), Noyme Yore Ismael, quien fue acusada por los representantes del Ministerio Público por usurpación de funciones públicas.

Yore fue investigada luego de una serie de publicaciones que fueron realizadas por La Nación, en donde se demostró que había ordenado la contratación de cientos de operadores políticos como funcionarios de la institución, además de la comisión de otros hechos irregulares.

También fueron imputados por los agentes fiscales los abogados Sindulfo Alegre Aquino, Cristhian David Figueroa, Lorenzo Ramón Vera, Carlos Ramón Molinas Bernal y Vivian Ligth Valenzuela Galeano. En la carpeta fiscal, igualmente, figura el ex director de Infraestructura de la entidad, el político liberal efrainista, Germán Fatecha.

De acuerdo al documento fiscal, la defensora General del MDP, designó por resoluciones a los abogados Alegre Aquino, Figueroa y Vera Gamarra como nuevos defensores públicos, en expresa violación del artículo 23 de la Ley N°. 4423/11, donde se establece que los nombramientos para esos cargos corresponden exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, previa selección en ternas por parte del Consejo de la Magistratura.

Los fiscales argumentaron que la acusada se habría excedido en el ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta que la ley solamente le permite contratar funcionarios administrativos y auxiliares para el organismo judicial, una vez concluido el concurso público de oposición correspondiente.

PENA PRIVATIVA O MULTA

La legislación vigente señala taxativamente que en el caso de usurpación pública que "el que realizara un acto que solo puede ser realizado en virtud de una función pública, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa".