Randall Smith

El caso de fraude contable que lleva 11 años, contra el ex presidente ejecutivo de American International Group, Maurice R. Greenberg, finalmente llegó a juicio en un tribunal estatal en el Bajo Manhattan.

Un veterano abogado del estado de Nueva York, David N. Ellenhorn, dijo que, si bien los defensores habían utilizado "tácticas dilatorias", incluyendo siete apelaciones previas al juicio, "el día del ajuste de cuentas" por fin había llegado para Greenberg, conocido como Hank, y para el ex director financiero de AIG, Howard I. Smith.

El caso civil, presentado en mayo del 2005 por el ex fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, acusó a Greenberg y Smith de orquestar transacciones ficticias con el fin de reforzar los estados financieros de AIG, inflando sus reservas y ocultando pérdidas de seguros, convirtiéndolos en pérdidas de inversión.

"Ha llegado el momento", dijo Ellenhorn "que Greenberg y Smith sean considerados responsables".

Mientras los críticos urgieron al actual fiscal general del estado, Eric T. Schneiderman, a retirar los cargos porque los acusados arreglaron otras demandas que hacían acusaciones similares – o debido a la edad de Greenberg: 91años – Ellenhorn dijo que se necesitaba un veredicto de culpabilidad para "enviar un mensaje a los CEO's de otras empresas" de que "no se puede hacer este tipo de cosas".

Greenberg, el martes último, sentado en el tribunal junto a su abogado, David Boies, a veces fruncía el ceño o sonreía durante la audiencia. Aunque se negó a comentar sobre el fondo del asunto, después dijo a periodistas en la escalinata del tribunal: "Fue bien". Preguntado acerca de sus pensamientos durante el discurso inicial de 55 minutos de Ellenhorn, Greenberg dijo que, por momentos, pensaba en sus propios planes de partir al final del día en un viaje a la Argentina.

En su apertura para la defensa, Boies sostuvo que no había evidencia de que Greenberg haya sabido de que había algo impropio en las transacciones y agregó que no eran relevantes para las ganancias de AIG o los valores asentados en los libros contables. "Este caso está desprovisto de cualquier prueba admisible que una a Greenberg con todo lo que era incorrecto en cualquiera de esas transacciones", añadió.

El caso se centra en parte en un acuerdo de reaseguro que AIG cerró con el General Reinsurance Corporation. El mismo aumentó efectivamente las reservas de AIG en US$ 500 millones en un momento en que los analistas estaban observando si la empresa estaba desangrando reservas para ayudar a levantar sus ganancias. En una segunda operación, AIG es acusada de utilizar un reasegurador offshore, supuestamente independiente, para convertir las pérdidas de seguros en pérdidas de inversión a pesar de que AIG controlaba esa unidad de negocio fuera del país.

Mientras que rumores fueron admitidos como pruebas en las primeras etapas en el caso, el martes dijo Boies que "lo que importa ahora es lo que muestra la prueba admisible" con respecto a "lo que en realidad hizo Greenberg y a lo que en realidad sabía". Dijo que fueron otros ejecutivos quienes en realidad diseñaron la estructura de la oferta de reaseguro.

El juez estatal, Charles E. Ramos, que ha llevado el caso desde el principio, permitió que Ellenhorn proceda con sólo unas pocas preguntas, pero interrumpió a Boies media docena de veces. En un momento dado, recordó a Boies que el caso del Estado descansaba en parte en el impacto de las dos transacciones en el precio de las acciones de AIG, no en sus ganancias o en el valor en los libros.

Boies replicó que Spitzer acusó a Greenberg en la causa contra AIG, sobre la base de una declaración jurada del predecesor de Spitzer, Dennis C. Vacco. Pero Ellenhorn se opuso, diciendo que el juez Ramos ya había declarado que estas cuestiones no eran parte del caso.

Antes de esta fase de prueba, el juez Ramos había fallado a favor del Estado en uno de los cargos, pero la decisión fue revocada en una apelación y la defensa trató sin éxito de recusarlo.

En un juicio que se espera dure hasta el 2017, el Estado está buscando daños por más de US$ 50 millones, en función del tamaño de las bonificaciones que Greenberg y Smith recibieron después de las operaciones en cuestión, más intereses. También se quiere impedir que ellos puedan volver al negocio de valores, ya sea como directivos o administradores de una empresa que cotiza en bolsa.

Tratando de contrarrestar la demanda del Estado por la compensación que recibieron los acusados, Boies señaló que, cuando Greenberg renunció en el 2005, funcionarios de la compañía habían elogiado sus logros en la construcción de AIG.