En el marco de la investigación que abrió el Ministerio Público respecto a la amenaza para atentar contra el presidente de la República, Horacio Cartes, y otras autoridades del Gobierno, en la fecha debe prestar declaración ante la Fiscalía el ministro del Interior, Francisco de Vargas.

Así lo anunció el fiscal de la Unidad Especializada de Antisecuestro, Joel Cazal, uno de los integrantes del equipo especial conformado por el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón. Junto a Cazal, conforman el grupo investigador los fiscales Aldo Cantero, de la Unidad Especializada Contra la Seguridad de las Personas, y Juan Leonardi Guerrero, de la Unidad Penal Ordinaria de Asunción. El fiscal Federico Espinoza había señalado que el equipo se abocará en la recolección de informes de inteligencia para luego tomar las medidas pertinentes, durante la investigación también serán citadas autoridades para aportar más datos.

Cazal explicó que convocó para este lunes a las autoridades del gobierno para ampliar informaciones en base a la amenaza contra la seguridad del presidente de la República. Los convocados son el ministro del Interior, y el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Hugo Vera, quienes hicieron pública la denuncia. Vera será llamado en el transcurso de la semana.

El fiscal destacó que en la semana se irán realizando los procedimientos en el marco del proceso, pero primero serán llamadas las autoridades citadas, para luego ampliar con otros elementos que están dentro del informe de inteligencia.

Un plan de atentado contra el presidente Cartes, denunciado por los organismos de seguridad, desató una serie de reacciones en el ámbito político. Desde el Ministerio del Interior y la Senad se reafirma que los datos de inteligencia son certeros y que se sucedieron varios hechos que confirman la existencia del plan.

La responsabilidad de la planificación apunta hacia el capomafioso Jarvis Chimenes Pavão, recluido ahora en la Agrupación Especializada, tras su traslado desde el Penal de Tacumbú, luego del descubrimiento que tenía privilegios que le permitían aparentemente manejar acciones de su grupo desde la misma institución carcelaria.

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