Diez personas fueron imputadas por lesión de confianza en la investigación por una supuesta estafa a la Senavitat, denunciada en el 2014. El Servicio de Asistencia Técnica (SAT) habría dejado inconclusas 321 viviendas sociales en varias localidades como Limpio, Capiatá, Nueva Italia, Ypané y Luque luego de haber cobrado anticipos de hasta el 85% por la ejecución de 12 proyectos. El perjuicio estimado sería de G. 12.000 millones.

De los imputados, 5 eran funcionarios de la Senavitat encargados del desembolso y los restantes, miembros del SAT y sus colaboradores, como propietarios de constructoras y representantes de las cooperativas Mi casita y Ñapu'â haguâ, encargados de las pólizas de garantías.

Estas personas son Camilo Aníbal Recalde Dávalos, imputado como autor, era el encargado de la construcción de las 321 viviendas y su gerenciamiento; Hugo César Acevedo, Carlos Antonio Valenzuela, Óscar Luciano Barreto y Carol Patricia Turrini Ayala, representantes de las cooperativas y las constructoras involucradas.

Por otro lado, se encuentran Rodolfo Osmar Lovera, Mario Antonio Pairet, José Hugo Núñez Alvarenga, Rufino Concepción González Flores y Rocío Beatriz González Aranda, quienes se desempeñaban como funcionarios administrativos de Senavitat.