Brindar seguridad privada en Paraguay se convirtió prácticamente en una gran industria, generadora de millonarios contratos, pero que arroja historias de personas anónimas que hoy buscan ser escuchadas.

Aldo Benítez

Periodista

aldobenitez@lanacion.com.py

Desde el Ministerio de Trabajo, calculan entre 7.000 a 10.000 personas que dependen de este rubro para mantener a sus familias. En esta cartera de Estado se registran a unas 270 firmas habilitadas oficialmente, según el sistema obrero patronal. Mientras, la Policía Nacional tiene habilitadas a unas 276 empresas para este sector que, solamente este año, generó contrataciones con el Estado por G. 6.946 millones.

Los millones que se facturan en este sector no se apiadan en muchos casos de las condiciones que ofrecen a los trabajadores y principalmente, en el pago a los guardias.

La violencia que fue ganando las calles en los últimos años hizo que los guardias privados sean cada vez más requeridos, por lo que el sector creció aceleradamente y sin el acompañamiento de un control estatal que garantice los derechos a los trabajadores.

Al menos hasta este año, el mencionado departamento ministerial registraba a unas 7.000 personas como empleadas de empresas de seguridad en el país.

Sin embargo, desde esta oficina consideran que la cantidad puede variar, incluso hasta llegar a 10.000 personas las que dependen laboralmente de este rubro, ya que cada año va aumentando el número de empresas que solicitan ser habilitadas, así como también existe un número alto de firmas que todavía no fueron fiscalizadas por el ministerio.

Actualmente, existe una nómina de 66 empresas que serán notificadas para hacer las verificaciones de sus trabajadores. El departamento de fiscalización del ministerio tiene a 30 funcionarios para fiscalizar todas las empresas del país. La cantidad no es la ideal, reconoció a La Nación Atilio Guerrero, director general de Inspección y Fiscalización de esta institución.

Dijo además que el promedio que están controlando es de 20 empresas de seguridad por semana. Fiscalizan las condiciones de trabajo en las que se desempeñan los trabajadores y si la empresa cumple con todos los derechos laborales, como por ejemplo el seguro social, la bonificación por hijo, vacaciones, etc.

De acuerdo con los datos que maneja el Departamento de Delitos Económicos de la Policía, encargado de dar las licencias y habilitaciones para que estas empresas puedan operar, actualmente existe un total de 196 firmas que están activas.

Es decir, que están trabajando brindando el servicio de seguridad privada. Igualmente, la Policía tiene en carpeta la solicitud de 82 nuevas empresas que esperan ser habilitadas para este año.

Los trabajadores que se dedican al servicio de seguridad privada generalmente tienen un bajo salario mientras ponen en riesgo su integridad física y en muchos, la vida misma. Solamente desde el 2014 hasta hoy, 8 guardias privados murieron defendiendo su puesto o tratando de evitar asaltos.

Según Atilio Guerrero, el sueldo establecido por ley para el guardia de seguridad es de unos G. 2.800.000 mensuales, generalmente, por 12 horas de trabajo. Sin embargo, las denuncias constantes en el sector refieren que pocas empresas son las que cumplen con ese monto.

Pero, detrás de estos números y muy lejos de los millonarios montos y suculentas cifras que mueve a este negocio de la seguridad privada, aparecen historias de gente anónima que claman porque ser contadas. Historias de familias que están desamparadas ante la muerte del papá de la casa, que era un trabajador, un guardia de seguridad.

Lea mañana:

El desamparo de las familias

de los guardias asesinados

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