Una vivienda digna es un derecho imprescindible para el desarrollo del entorno familiar, sobre todo de los más pequeños que son los más afectados cuando las condiciones de vida son desfavorables. Este derecho se ha privado por décadas a miles de compatriotas por la desidia y la corrupción que carcomió el Estado.

El nivel de pobreza, sobre todo la extrema, heredado por el actual gobierno, ha sumido a miles de familias en situaciones lamentables que deben ser reparadas urgentemente con medidas concretas, basadas en una política enfocada en soluciones integrales.

No solo con la construcción de viviendas o el acceso a lotes se podrán brindar herramientas necesarias a los más desfavorecidos para que salgan de la penosa condición en la que se encuentran. Cualquier Estado debe encarar esta problemática con una política pública de alcance nacional, inteligente y transparente, para que los beneficiados, la ciudadanía toda y la clase política en su conjunto crean en las acciones que se desarrollan.

A decir del Gobierno, esta línea de acción se cumple con el trabajo que viene desarrollando la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), con el liderazgo de una joven como Soledad Núñez, catalogada como una de las mejores ministras. Y no es vano este reconocimiento. La Senavitat viene impulsado numerosos proyectos que hoy ya benefician a miles de familias de todo el país, no solo con viviendas dignas, sino con instalaciones habitacionales integrales que permiten a sus habitantes desarrollarse en un entorno mucho más adecuado.

Indudablemente la Senavitat, y esto es reconocido por la misma oposición al Gobierno, lleva adelante un eficiente trabajo que tiene como foco la construcción de entornos que permitan el desarrollo familiar con solvencia financiera, utiliza tecnología de punta y es transparente.

Un ejemplo de este reconocimiento se dio recientemente con la aprobación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 30 millones de dólares que tiene como uno de sus componentes el proyecto conocido como Chacarita Alta. Al ser tratada la iniciativa en el Senado, parlamentarios de la oposición argumentaron su voto a favor diciendo que lo hacían por la confianza en la institución y en el trabajo de la ministra Núñez. Este tipo de hechos es poco común en un ambiente político crispado por el enfrentamiento ligado a campañas electorales permanentes.

La Senavitat es una institución que está al servicio del sector público y tiene clara su misión: regir e implementar la política del sector habitacional del país, coordinando los procesos con los actores relacionados al sector, posibilitando el acceso universal a la vivienda y hábitat dignos, priorizando a las familias de escasos recursos, buscando soluciones integrales para disminuir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Cabe señalar que para ampliar las acciones que desarrolla el ente, la semana pasada firmó un nuevo contrato con empresas del sector privado para la construcción de 885 nuevas viviendas en el marco del proyecto Che Tapýi, que se impulsa con donación de Taiwán.

El contrato por más de 60 mil millones de guaraníes con siete empresas constructoras permitirá la edificación de viviendas de interés social en San Marcos de Horqueta (Concepción); Las Mercedes, de Minga Guazú (Alto Paraná); Lucio Martínez, de Capiatá (Central); Oñondivepa, de Guarambaré (Central); 16 de Julio de Luque (Central); San Isidro II de Hernandarias (Alto Paraná). Todos los asentamientos mencionados son de la Secretaría de Acción Social (SAS). Además, en la tierra del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) se harán viviendas para la comunidad Quemkuket de Puerto Falcón, departamento de Presidente Hayes.

Esta nueva adjudicación, según informó la Senavitat, corresponde a la tercera etapa del proyecto. La primera ya permitió la entrega de 1.226 viviendas y la segunda otras 885. Es decir, solo con este programa Che Tapýi se construyen casi 3 mil viviendas, que representan 3 mil familias con un techo digno. Como todos los proyectos del ente, además de las casas, se construirán instalaciones para que las familias tengan un entorno para desarrollarse.

En este caso, en el marco del programa, se edificarán un centro comunitario para actividades diversas, un centro ambulatorio para cuidados de salud, un aula escolar en la comunidad más próxima y áreas verdes, como parques para niños. Todas estas obras tendrán infraestructura básica; energía eléctrica y agua potable.

La misión del Senavitat, según su misma definición, es fijar la Política Nacional de la Vivienda e impulsar Programas Habitacionales, en el marco de las políticas macroeconómicas y del Plan Nacional de Desarrollo que las expresa, tendientes a satisfacer las demandas de vivienda y de soluciones habitacionales de la población. Indiscutiblemente, la está cumpliendo.