La imagen del Mercosur no necesitaba de este final indecoroso y chapucero para desmoronarse; ya estaba desprestigiada, incluso desde mucho antes de que uno de los presidentes de la alianza planteara que lo político estaba por encima de lo jurídico, en un mundo que avanza luchando por afianzar una justicia que garantice la igualdad de los ciudadanos y la de las naciones, y de las regiones y de los pueblos, y las culturas y las lenguas, buscando alcanzar ese norte que se plasmó en carta de derechos y en reivindicación de la humanidad: libertad, igualdad y fraternidad.

El Mercosur tenía un discurso y un accionar diferentes, lo que ya venía postergando las posibles alianzas con otros bloques.

Anteponer los intereses políticos de un sector, partido o grupo, atenta contra las bases democráticas de las sociedades modernas, pluralistas, contrarias al "pensamiento único obligatorio" de las religiones extremistas y las ideologías totalitarias y excluyentes.

Mujica tuvo que salir de un brete que resultaba inexplicable, lo que hizo con su habitual franqueza: ¿Por qué se castigaba a un país socio fundador por haber realizado un juicio político, tal como está establecido por la Constitución y las leyes de la nación, dictadas en una sociedad democrática bajo una constitución establecida por medio del voto popular, como mandan las leyes, y con una participación mayoritaria? Porque, siendo el Senado paraguayo el obstáculo que no permitía que la Venezuela comandada y militarizada por Chaves entrara al bloque por no cumplir con los requisitos democráticos establecidos por el Mercosur para integrarlo se había decidido hacer prevalecer la alianza ideológica bolivariana contra las exigencias jurídicas democráticas; había que hacer un acto político y sacar del medio al obstáculo para violar lo jurídico y hacer entrar a Venezuela por la ventana.

Lo jurídico hubiera sido obligar a Venezuela a cumplir con los principios democráticos establecidos por el bloque, porque, y eso lo sabían todos, la Venezuela del militarismo chavista no estaba dispuesta a cumplir, puesto que ya había "estronistizado" a las fuerzas militares y anulado las instituciones democráticas, tal como hizo con el Mercosur, lo que se confirma en los hechos, ya que desde entonces hasta ahora no ha cumplido ni siquiera con aceptar y firmar el compromiso de respetar las cláusulas democráticas establecidas.

La actitud firme y decida del actual gobierno paraguayo ha empezado a bajar las máscaras y a plantear las cosas por su nombre.

En estas condiciones, las "cláusulas democráticas" y la exigencia de respetar los derechos humanos parecen un chiste grotesco. Es hora de que se respeten los principios jurídicos por sobre las afinidades políticas.

El país caribeño sufre una feroz dictadura irracional, que ha empobrecido y reprimido a los venezolanos hasta las peores condiciones de vida, retrotrayendo a décadas atrás, cuando las dictaduras militaristas atropellaban a los ciudadanos, los torturaban, explotaban y hacían desaparecer, imponiendo sus intereses políticos a los principios jurídicos y democráticos.

Hoy el mundo entero se estremece y clama contra los abusos del chavismo-madurismo. Hoy se sabe que están ilegalmente en el Mercosur, no solo porque castigaron a Paraguay para sacarlo del medio y permitir la violación de los principios jurídicos y democráticos del bloque mercosuriano, sin que el Congreso Nacional aprobara su ingreso, sino porque en los años transcurridos de aquel acto político violatorio de lo jurídico, la dictadura caribeña no se ha dignado a firmar los compromisos democráticos y con los derechos humanos.

Es decir, no puede estar dentro de un bloque sin haber cumplido sus obligaciones. Solo cierto cinismo político, de corte totalitario, puede aludir que Venezuela está dentro del bloque y que hay que "cumplir" con cierto formalismo ineludible, como si no se estuvieran violando los principios democráticos y jurídicos del Mercosur desde que fue incorporada.

No hubo "formalismos" para echar a Paraguay, ni para anteponer lo político a lo jurídico. Y el hecho se repite: se permite que Venezuela siga en el Mercosur y que Maduro pretenda presidirlo, haciendo prevalecer, otra vez, lo político sobre los compromisos legales que tienen que cumplir los países miembros.

En estas condiciones, las "cláusulas democráticas" y la exigencia de respetar los derechos humanos parecen un chiste grotesco.

Es hora de que se respeten los principios jurídicos por sobre las afinidades políticas.

Que se cumplan las normas y se dejen de lado las complicidades.