"Se ha demostrado que desde el 4 de abril hasta el 27 de julio había más de G. 1.800 millones en cuentas bancarias. Hoy la cuenta de APA está en G. 40 millones. No sabemos en qué se utilizó la plata.

Se han librado informes a los bancos para saber a quién se le pagó", reveló ayer Patricia Stanley, directora de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, en una conferencia de prensa, y responsabilizó a la Fiscalía por no haber precautelado los fondos de APA, tras recibir la denuncia de la Dinapi, el pasado 10 de abril.

"Debemos de elaborar los informes para empezar a abonar a los dueños de esta organización civil, a los socios, y queremos pagar a partir del 29 de agosto.

La pregunta es: ¿cómo vamos a elaborar esas informaciones si no contamos con las documentaciones? Lamentablemente, estos señores que fueron suspendidos no están colaborando", señaló Librado Sánchez, el interventor y administrador judicial designado por la magistrada Karen González, en sustitución de la directiva de APA, a pedido de los socios.

Sánchez detalló que no encontró documentos contables, como libro diario, de ingresos, de actas del directorio, de asambleas, declaraciones juradas de mayo y junio, y que hará una denuncia penal para que el presidente, su consejo y sus contadores respondan por la contabilidad desaparecida.

El interventor refirió que el presidente Alcides Roa y el tesorero Santos Lima tenían sus firmas registradas para administrar las cuentas bancarias, hoy saqueadas.

"Inclusive desapareció el disco duro del circuito cerrado; hay otros que fueron manipulados, que fueron borrados", contó Sánchez, y agregó que el servidor informático tenía conexiones remotas a dos computadores fuera de APA.

El 27 de agosto, el interventor debe presentar su primer informe al Juzgado, con detalles sobre estas irregularidades: "Espero presentarlo lo antes posible, porque amerita la situación. Estoy trabajando más de diez horas diarias por esta organización civil".