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Hace siete años, en un concurrido cruce de caminos en Colombo, la mayor ciudad de Sri Lanka, hombres armados en una camioneta blanca, sin matrícula, secuestraron a Stephen Sundararaj. Él regresaba a su casa, sus tres hijos se acurrucaron contra él, después de languidecer durante semanas en una celda de una comisaría.

Sundararaj, entonces un jefe de proyectos de 39 años de edad en un grupo local de derechos humanos, había sido detenido en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, una ley draconiana que permitía detenciones sin orden judicial por "actividades ilegales". Él desafió esa ley en la corte y hubiera seguido con el caso, si no hubiera sido secuestrado apenas horas después de su liberación. Nunca fue acusado de un delito. Nunca fue encontrado.

Tales relatos horripilantes son comunes en Sri Lanka, donde 26 años de conflicto étnico terminaron con la derrota de los Tigres del Tamil en el 2009. En el siglo pasado, el país también vivió dos insurgencias marxistas en el sur y varios linchamientos antitamiles.

En mayo, el canciller Mangala Samaraweera admitió que el país es uno de los que tiene más casos de personas desaparecidas en el mundo. Las fuerzas armadas, los Tigres Tamiles y otros insurgentes son los culpables.

Las cifras varían enormemente, dependiendo de la fuente. Las Naciones Unidas colocan a Sri Lanka en segundo lugar después de Irak, con 5.731 casos pendientes. Sin embargo, Dhana Hughes, de la Universidad de Durham, en Inglaterra, que estudió las dos insurgencias del sur, estima que miles desaparecieron solo durante la segunda, a finales de 1980.

Bajo el autoritario presidente Mahinda Rajapaksa, que gobernó desde el 2005 hasta el 2015 y derrotó a los Tigres del Tamil, secuestros como los de Sundararaj eran tan comunes que eran conocidos como "desapariciones en camionetas".

No solo los sospechosos de terrorismo, sino también los oponentes políticos eran los blancos. Algunos, como Sundararaj, fueron secuestrados sin razón aparente. Miles más desaparecieron en las zonas de guerra.

En el 2013, después de una fuerte presión internacional, Rajapaksa creó un cuerpo para investigar los casos de personas desaparecidas. La Comisión Paranagama recibió más de 19.800 casos, incluyendo 5.600 de familiares de personal militar desaparecido. Sollozantes familias acudieron a las audiencias públicas con fotografías de los desaparecidos y peticiones desgarradoras.

El informe final de la comisión, publicado el año pasado, exoneró al gobierno de crímenes de guerra, lo que ni siquiera era parte de la misión de la comisión.

Sin embargo, la derrota de Rajapaksa en una elección anticipada en enero del 2015, mediante una coalición entre tamiles y votantes musulmanes, creó el espacio para más esfuerzos genuinos.

El nuevo gobierno ratificó la convención de la NNUU sobre las desapariciones forzadas y permitió que su grupo de trabajo visite el país e incluso abrió un centro de detención secreto y acompañó a sus miembros a las fosas comunes.

El grupo llegó a la conclusión de que "un patrón crónico de impunidad sigue existiendo en los casos de desaparición forzada". Se instó al gobierno a determinar el destino de los desaparecidos, sancionar a los responsables y garantizar la verdad y la justicia.

El gobierno promete que lo está intentando. Una ley para crear una "oficina de personas desaparecidas" será tema de debate en el Parlamento este mes. Otra, para emitir "certificados de ausencia" a las familias de los desaparecidos, se presentó a la legislatura en la misma época.

Estos certificados ayudarán a los familiares a superar obstáculos legales, administrativos y financieros en transferencia de propiedades o cuentas bancarias, por ejemplo, que, en circunstancias normales, requerirían de certificados de defunción.

Ella no quiere ningún certificado, dijo Vathana, esposa de Sundararaj, quien ha añadido que ella puede identificar a dos de sus secuestradores porque a menudo los había visto sentados afuera de su celda en la comisaría. Lo que ella quiere es tenerlo de vuelta: ella insiste en que él todavía está vivo.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ofrece apoyo a las víctimas de guerra, tanto durante como después de los conflictos, la negativa a perder la fe no es inusual. La falta de información sobre familiares desaparecidos desgasta familias, dijo en una encuesta que de ellos se publicó el mes pasado.

Menos de dos quintas partes de los entrevistados creían que sus seres queridos habían muerto, mientras que el resto se dividía en partes casi iguales entre creer que todavía estaban vivos y no estar seguros. Todo oscila entre la esperanza y el miedo. Sumidos en el dolor, dicen y repiten sus historias a cualquiera que quiera escucharlas.

"No más secuestros, por favor", dijo Vathana, secándose las lágrimas. "No para cingaleses, tamiles o musulmanes".

Mientras tanto, ella sigue a la espera de noticias acerca de su esposo.