Por Antonio Carmona, PERIODISTA

Aunque parezca mentira, el artículo 2 de la ley Nº 296/95 está impecablemente redactado, con simpleza y claridad meridiana, preciso y contundente; casi una rareza entre nuestras leyes que suelen ser confusas y dejar lugar a las ambigüedades; en la parte que concierne al debate públicamente establecido con tantas interpretaciones que espantan a la gramática y a la semántica, dice así: "Los miembros del Consejo durarán 3 (tres) años en sus funciones y podrán ser reelectos solo por otro período consecutivo o alternativo".

¿Cómo es posible que estemos discutiendo, hasta paralizar el Congreso y congestionar los medios de comunicación, si un miembro del Consejo de la Magistratura puede, dada alguna que otra carambola jurídica estrambótica, ser elegido por un período más?

Por una sencilla, aunque disparatada sinrazón: porque un miembro del Consejo ya ha sido reelegido por tercera vez.

En el lenguaje jurídico universal eso constituye un irregularidad o ilegalidad más o menos grave, dependiendo de las circunstancias; en el lenguaje jurídico nacional, como estamos viendo, que una ley haya sido violada o desobedecida o ignorada, constituye ya una norma, una especie de silogismo que puede enunciarse así: si una ley ha sido violada una vez, puede, en adelante, ser violada cuantas veces sea deseada por los violadores. Es decir que, en derecho vernáculo, la violación de la ley sienta jurisprudencia.

Y es más, si el que incumplió o violó la ley es un ministro de la Corte Suprema, como es el caso, el hecho adquiere ribetes de majestuosidad de autoridad, que en el lenguaje jurídico vernáculo significa que hay impunidad. La autoridad es impune y, detrás de su impunidad, todos, con una pizca de autoridad, adquirida, prestada o asumida de prepo, somos impunes.

Los bacchetistas defienden un silogismo popularmente inapelable: la ley fue violada, es decir, "cayó en gorra" y puede por lo tanto ser violada por cualquiera. Es el razonamiento de los violadores en todos los ámbitos. "si todo el mundo pasa el semáforo en rojo, ¿por qué yo voy a esperar la luz verde? ¡¡¡¿Yo pio voy a ser acaso el único boludo?!!!.

El tema ha llegado, sin embargo, a ámbitos supremos donde se hacen las leyes, se las interpreta y se las aplica, y se las hace cumplir o incumplir, lo que lo vuelve más peliagudo. Las decisiones que se toman en las esferas donde se procesa el derecho tienen una repercusión nacional y pueden crear, por contrario a lo que debieran, juris-imprudencia, lo que puede convertirse, y ya andamos cerca, en un principio de anomia, es decir, la ausencia absoluta de la ley: si los que debieran cuidar la ley, pueden violarla, por qué los demás ciudadanos de a pie deberíamos cumplirla a rajatabla.

Comencé exaltando la claridad meridiana de la ley en discusión, para evitar el principio fundamental del derecho vernáculo: el de la opinabilidad, que toda ley es opinable, principio que se basa en que toda ley está redactada de forma más o menos confusa, aviesa, inextricable, indescifrable, al extremo de que hasta en el Mercado 4 se debate la interpretación de un artículo constitucional y ni qué decir si la disputa adquiere carácter público en los medios, en las calles y en la redes.

Basta seguir las discusiones públicas, mediáticas y –incluyo el término por considerarlo pertinente- "rediáticas", ámbitos en los que, por lo menos, debemos concluir que el "español" brilla por su ausencia, hasta el punto que resulta difícil entender, no cómo los leguleyos en disputa obtuvieron el título de abogados, sino cómo lograron pasar de la escuela primaria.

Claro que no todos alcanzan el vuelo de un Portillo que puede confundirse y confundir en español, inglés y guaraní, pero hay muchos que le andan cerca y hasta compiten en materia de ostentación de cátedras universitarias.

Alguno que otro alarmista ha dicho que el problema generado por Fretes, reclamado por los chongos como jurisprudencia a favor de Bacchetta, pone en jaque a la Corte; no tiene porqué ser así: solo tiene que obligar a reflexionar a sus miembros, que, a fin de cuentas son humanos y paraguayos, capaces de no haber leído la ley con detenimiento, y corregir el error, con las consecuencias jurídicas que acarree.

La violación de una ley no habilita a seguir violándola ni a invalidarla.

Lo que pasa en nuestro país, como decía Don Arce, el campesino analfabeto que le ganó un juicio a la Ande, es que "hay demasiados letraditos y demasiados pocos letrados".