El rechazo en el Senado de un préstamo importante otorgado por el BID para un programa de seguridad ciudadana fue la "crónica de una muerte anunciada", ya que pocos días antes la senadora y titular de la comisión de Hacienda del Senado, Desirée Masi, había lanzado el primitivamente popular ¡cháke! al Ejecutivo, al anunciar –con tono de prepotencia– que "los proyectos van a tener que pasar por el Senado", lo que significaba que podían poner el palo a la rueda si no aceptaban su condición de "poder". Y así fue.

El Senado, "oficialista" por ser mayoría opositora al Ejecutivo, en esta coyuntura, rechazó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, por 20 millones de dólares, para un programa de seguridad ciudadana, uno de los temas, sin lugar a dudas, de mayor preocupación y sensibilidad en la ciudadanía.

De hecho, la senadora Masi está mezclando, con ciertos niveles ya de escándalo público, su gestión con la causa judicial de su marido, como ministro del Interior del gobierno de Lugo, por problemas de índole administrativa que deben resolverse en el plano judicial.

Lo que agrava la "anunciada" muerte del proyecto para combatir la inseguridad es la razón argüida para el rechazo: que el 75% del préstamo estaba destinado a capacitación e investigación.

En esta pugna, más que de responsabilidad legislativa, de enfrentamiento abierto con el Ejecutivo por razones particulares en la que se concreta claramente el cumplimiento de una amenaza "previamente anunciada", resalta la fundamentación del veto parlamentario, acompañado lamentablemente por una mayoría coyuntural en el Senado: se rechaza la inversión en capacitación.

No es fácil determinar si es más grave que la senadora piense de esta forma, tratándose de una persona con formación universitaria, o que esgrima el argumento como justificación.

Si cree que invertir en capacitación, en cualquiera de las áreas de la actividad nacional, es despilfarro o malversación, la cuestión es preocupante, ya que mundialmente hay una coincidencia de que la mejor inversión de los países es en educación y capacitación, palabras hermanas, ya que, como es de público conocimiento, la educación no es solo la escuela, el colegio y la universidad, sino la preparación profesional en todas las áreas de la actividad de una sociedad y, muy especialmente, en las del sector público, que debe responder a los requerimientos de una globalización cada vez más compleja.

Si la senadora y quienes la acompañaron con su voto no piensan así, sino que utilizaron el pueril argumento para poner el palo a la rueda de un proyecto, es aún más grave, porque implica que se pueden frenar los proyectos de interés nacional, y de tremenda urgencia, como es el caso, por causas coyunturales, políticas o particulares de algunos legisladores, usando un argumento para engañar a la ciudadanía.

Es decir que, en la justificación del veto al préstamo de interés social y nacional hay dos opciones: que sea por ignorancia o una simple disculpa para justificar a la ciudadanía, tratando de engañarla, de que hay una objeción seria para rechazar una inversión, no solo necesaria, sino urgente, para el ciudadano común que es el que sufre mayormente la inseguridad.

Como el crimen estaba previamente anunciado, no cabe duda de la intención de la senadora titular de la Comisión de Hacienda del Senado. Lo grave es que tan clave comisión esté manejada de forma tan personal, atropellando la institucionalidad y los intereses generales de la nación y de los ciudadanos; que haya una mayoría para respaldar el disparatado argumento que perjudica a la ciudadanía y favorece a la situación de inseguridad. En fin, que se vote a favor de los criminales.