Ante las últimas publicaciones periodísticas de este medio con respecto al caso de Rafael Filizzola y la postergación de su expediente para evitar su investigación, Oscar Bajac, ministro de la Corte Suprema de Justicia, señaló que sus resoluciones dentro de su cargo se enmarcan dentro de lo que la constitución y las leyes mandan, desmintiendo todo tipo de injerencias que se intenta atribuir.
Por eso que sale al paso de las notas, solicitando aclarar en honor a la verdad que su actuar se ajusta a la labor judicial que desempeña, aclaró.
Antecedentes
El ministro del Interior, Francisco de Vargas presentó a fines del 2013, la denuncia sobre las irregularidades durante le gestión de Filizzola. En el documento se detalla que varias obras - adjudicadas a la firma "Todo Verde Emprendimientos, en el 2010, por un monto de más de G. 1.000 millones- para la refacción de los locales policiale. Luego, la empresa cobró en un 100% y los trabajos no fueron completados.
La acusación fue presentada por el fiscal Luis Piñánez en contra de Filizzola y otras tres personas por lesión de confianza. El representante del Ministerio Público señala que las obras fueron autorizadas por resolución número 449 del 15 de octubre de 2010, "sin que existiera una necesidad ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas que avalen la construcción de las mismas e igualmente sin un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría".
Alega que, según declaraciones testimoniales de los comisarios Adriano Solano Mineur, Genaro Barreto, Norman Ovando, Nicasio Villalba y Federico Vázquez, las celdas fueron construidas a pesar de la oposición de los mismos y en lugares donde no debían haber sido hechas. Los otros acusados son: Aníbal Núñez, Juan Diego Fernández y Fernando Sakoda.