Stacy Cowley

Por primera vez en casi cuarenta años, los reguladores federales de Estados Unidos están preparándose para reforzar significativamente las reglas que rigen el cobro de deudas, en un intento por restringir a los cobradores que acosan a los consumidores por deudas que, en ocasiones, ni siquiera tienen.

Según las reglas propuestas, que serán sometidas a un extenso proceso de revisión, las compañías de cobranzas tendrán que documentar de forma más completa las deudas que traten de cobrar, dejar en claro el camino para que el consumidor refute la deuda y observar las proscripciones estatales que les impiden legalmente tratar de cobrar deudas viejas. Todas estas salvaguardas suelen ser desacatadas, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la agencia federal que presentó las nuevas reglas el jueves pasado.

Las regulaciones también se dirigen al estereotipo de la agencia de cobranzas acosadora. Los cobradores no podrán tratar de comunicarse con los deudores más de seis veces a la semana. Y, después de la muerte del deudor, los cobradores tendrán que esperar 30 días para comunicarse con sus familiares y hablar del pago.

"Con esto tratamos de poner precisión y responsabilidad en un mercado que las necesita desesperadamente", explicó Richard Cordray, director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

La agencia, establecida en el 2011 a raíz de la crisis financiera, ha sido un pararrayos político –la plataforma que adoptó el Partido Republicano la semana pasada la llama "tunante" y pide su desaparición– y toda nueva regla que propone generalmente va acompañada de gritos de protesta.

Pero esta vez, la respuesta de la industria ha sido callada e incluso, de un cauto apoyo.

La oficina empezó a echar las bases de estas nuevas reglas hace tres años y varios líderes de grupos profesionales han dicho que el proceso ha sido considerado y metódico.

"Esperamos ver las reglas que le darán a la industria un plan claro", señaló Jan Stieger, director ejecutivo de DBA International, grupo que cabildea en favor de los deudores.

Unos 77 millones de personas –más o menos 1 de cada 3 adultos con reporte de crédito– tienen deudas atrasadas en cobranzas, según cálculos del Instituto Urbano.