Representantes de gremios del sector privado manifestaron ayer su preocupación por los últimos acontecimientos relacionados al fallo del Tribunal de Sentencia en la "Masacre de Curuguaty".

Indican que existen acciones coordinadas "destinadas a socavar las instituciones democráticas" e instó a los poderes del Estado a "que se constituyan en la garantía del estado de derecho, si no queremos convertir este país en un gran incendio social".

En el documento dado a conocer en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), el sector empresarial en general sostiene que el grupo que pretende degradar las instituciones democráticas recurre a un discurso populista prometiendo al pueblo lo que no puede cumplir.

Con ese método lo alienta "a dejar de producir para empobrecerlos y, de esa manera, excluirlos del sistema económico, social y cultural vigente, de manera que recurran a una vida de informalidad, donde la lucha por la supervivencia los endurece, convirtiéndolos en materia prima apropiada para llevar adelante su política de violencia organizada".

Señalan que la meta es plantear "una lucha entre ricos y pobres, cuando –en realidad– la discusión está entre quienes trabajan y aquellos que quieren vivir del trabajo de otros".