Buenos Aires, Argentina. AFP.
Una Cámara Federal argentina pidió el jueves investigar por supuesta corrupción al gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015), quien denunció ser una perseguida política al quedar involucrada en el caso de un fuerte empresario constructor acusado de lavado de dinero.
Por un lado, el tribunal de alzada ordenó "avanzar sin más demoras sobre las sospechas que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo anterior", informaron fuentes judiciales. En inmediata reacción a través de redes sociales, la ex mandataria de centroizquierda dijo que "hace décadas" que no se veía "un abuso de poder y persecución política semejante".
"Podrán meterme presa, pero nunca van a poder tapar que son las consecuencias de un plan económico que solo distribuye pobreza para los trabajadores", dijo al responsabilizar a jueces influidos por el gobierno del presidente Mauricio Macri, líder de una alianza de derechistas y socialdemócratas.
Las pistas que pueden llevar a la ex presidenta progresan presuntamente sobre el caso de Lázaro Báez, un hombre de negocios allegado a los Kirchner responsable de compañías beneficiadas con decenas de obras públicas, arrestado en una cárcel de la periferia.
A Báez se lo acusa también de enriquecimiento ilícito. Los acusadores son legisladores vinculados al gobierno de Macri. Los parlamentarios aseguran que se le adjudicaban en forma directa obras públicas y devolvía los favores con sobornos.
El marido de la ex mandataria, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), no figura en el caso a raíz de que falleció en el 2010.
Juez procesa
y embarga a
ex viceministro
José López, el ex viceministro de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), atrapado in fraganti cuando escondía casi 9 millones de dólares en un monasterio, fue procesado este jueves por presunto enriquecimiento ilícito y embargado por unos 14 millones de dólares.
El procesamiento fue resuelto por el juez federal Daniel Rafecas, anunció el Centro de Información Judicial (CIJ), portal de la Corte Suprema. El magistrado consideró que López, que fue secretario de Obras Públicas entre el 2003 y el 2015, no pudo justificar la posesión en su patrimonio de las sumas de US$ 8,9 millones, 153.000 euros, 59.000 pesos (US$ 4.100) y dos relojes Rolex que le fueron secuestrados al ser apresado el 14 de junio pasado. Además de procesarlo, Rafecas le trabó un embargo por unos US$ 14 millones.